La senadora Patricia Bullrich defendió años atrás el tratamiento de proyectos para restringir la compra de tierras rurales por parte de capitales extranjeros. Ahora, tras el fallo de la Corte que dejó vigente la derogación de la Ley de Tierras impulsada por Javier Milei, sostiene que esas restricciones afectan la inversión.

La posición actual de Patricia Bullrich sobre la extranjerización de tierras contrasta con las intervenciones que tuvo en el Congreso hace más de una década. En agosto de 2010, la entonces diputada reclamaba avanzar con proyectos que buscaban establecer restricciones y límites a la adquisición de inmuebles rurales por parte de extranjeros.

El antecedente quedó registrado en el diario de sesiones de la Cámara de Diputados del 11 de agosto de 2010. En aquella oportunidad, Bullrich pidió el tratamiento sobre tablas de iniciativas que no habían obtenido dictamen en comisión y sostuvo: “Ambos se refieren al régimen de restricciones y límites a la adquisición de dominio de los inmuebles rurales”.

El proyecto al que hacía referencia había sido impulsado por Elisa Carrió y planteaba mecanismos para limitar la compra de tierras argentinas por capitales extranjeros. Entre otras medidas, establecía requisitos de residencia, controles sobre el origen de los fondos y límites para evitar operaciones especulativas.

La postura que defendía en 2010

Durante aquella sesión, Bullrich también justificó la necesidad de discutir la iniciativa después de años sin tratamiento parlamentario.

“Se presentó allá por el año 2000, en virtud de la necesidad de saber con precisión quiénes son los propietarios de tierras en la Argentina. Tuvo su origen en la Federación Agraria, lo presenté en 2001. Lo seguimos presentando a lo largo de 10 años y nunca un gobierno permitió apoyarlo”, sostuvo.

El proyecto contemplaba además topes para la adquisición de tierras por extranjeros y restricciones en zonas consideradas estratégicas, como áreas vinculadas a fuentes de agua dulce, acuíferos y regiones de frontera.

Esas iniciativas confluyeron posteriormente en el debate de la Ley de Tierras, aprobada por el Congreso en 2011. Bullrich y Carrió finalmente votaron en contra de esa norma, entre otros argumentos, por cuestionamientos a las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo y a determinados aspectos de su implementación.

Del reclamo de límites a la defensa de la derogación

La posición de Bullrich cambió con el paso de los años. En agosto, durante el debate de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, defendió la derogación de la Ley de Tierras y buscó diferenciar la propiedad privada de la soberanía.

“Propiedad no es soberanía”, afirmó entonces. Y agregó: “Es ridículo pensar que porque un extranjero tenga dos departamentos o dos fábricas perdemos soberanía”.

La senadora también cuestionó los efectos de la legislación sancionada en 2011. “Es absurdo pensar que se van a quedar con el agua y los recursos naturales. El acceso al agua está garantizado bajo todas las leyes argentinas”, sostuvo.

Según su interpretación, la normativa había contribuido a desalentar inversiones y reducir el valor de las tierras. “Lo queremos recuperar porque la tierra tiene que valer más de lo que vale”, afirmó.

El contraste quedó expuesto nuevamente después del fallo de la Corte Suprema que dejó vigente el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el gobierno de Javier Milei había derogado la Ley de Tierras.

Ante ese escenario, Bullrich consideró que había sido apresurado impulsar una legislación sobre propiedad privada mientras la Justicia analizaba la constitucionalidad del decreto.

“Hay un tema importante que es un aprendizaje para nosotros. Si nosotros tenemos un DNU dictado por el Gobierno y ese decreto aún está en la Justicia, quizás haber llevado adelante la ley de propiedad privada en la que estaba el capítulo de tierras fue apresurado”, sostuvo.

La comparación entre ambas etapas deja planteada una diferencia concreta en el discurso de Bullrich: de reclamar en 2010 un debate para establecer límites a la adquisición de tierras rurales por capitales extranjeros, a defender en la actualidad la eliminación de esas restricciones impulsada por el gobierno de Milei.