Tras el crimen de Agostina Vega en Córdoba, volvió a instalarse el debate sobre la figura del femicidio. Cómo nació este concepto en Argentina, qué establece la legislación vigente y por qué se aplica en determinados casos.

El femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, volvió a poner en primer plano una figura jurídica incorporada hace más de una década al sistema penal argentino: el femicidio. La discusión tomó relevancia luego de que la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, se refiriera inicialmente al caso como un “homicidio”, mientras que posteriormente la Justicia lo caratuló como femicidio.

La figura comenzó a desarrollarse institucionalmente en Argentina en 2009, cuando la Corte Suprema de Justicia creó la Oficina de la Mujer con el objetivo de promover la equidad de género dentro del sistema judicial. Cinco años más tarde, el máximo tribunal impulsó además el Registro Nacional de Femicidios para relevar y analizar este tipo de crímenes.

Según explicó la propia Corte Suprema, el término surgió porque no existía una palabra que permitiera describir la forma más extrema de violencia contra las mujeres. El concepto busca visibilizar aquellos asesinatos cometidos por razones de género y comprender las condiciones sociales y culturales que los hacen posibles.

El paso decisivo llegó en 2012, cuando el Congreso Nacional aprobó una reforma del Código Penal conocida popularmente como la “Ley de Femicidio”. Aunque la norma no utiliza expresamente esa palabra, incorporó agravantes para los homicidios cometidos por hombres contra mujeres cuando media violencia de género, así como para los asesinatos de parejas o exparejas.

La incorporación de esta figura respondió a una realidad estadística concreta. De acuerdo con datos citados por organismos internacionales, mientras la mayoría de los homicidios de hombres ocurre en espacios públicos y suele involucrar a personas desconocidas, gran parte de los asesinatos de mujeres son perpetrados por parejas, exparejas o personas de su entorno cercano, muchas veces dentro de sus propios hogares.

Especialistas consultados sobre el tema sostienen que el agravante no implica que la vida de una mujer tenga mayor valor legal que la de un hombre. Explican que la pena por homicidio es la misma para cualquier víctima, pero que la ley prevé castigos más severos cuando el crimen ocurre en un contexto de violencia de género, del mismo modo que sucede con otros agravantes contemplados por el Código Penal.

La legislación argentina también se encuentra respaldada por tratados internacionales suscriptos por el país, como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que promueven la adopción de medidas específicas para combatir la violencia de género.

Actualmente, la figura del femicidio continúa vigente en Argentina y es aplicada por la Justicia cuando existen elementos que permiten encuadrar un asesinato dentro de un contexto de violencia de género. En el caso de Agostina Vega, la investigación avanza bajo esa calificación judicial.