Luego de intensos tironeos, que incluyeron hasta una amenaza de allanamiento, la Cámara de Diputados bonaerense aportó ante la Justicia un listado de unas 400 personas que trabajan o trabajaron en la Secretaría Administrativa, un área estratégica donde se manejan los contratos de todos los empleados de ese organismo.

La investigación se da en el marco de la causa por estafas, fraude y asociación ilícita que se le sigue a Julio «Chocolate» Rigau, un puntero-trabajador de la Cámara baja que fue hallado en un cajero con 48 tarjetas de débito que estaban a nombre de personas que figuraban como supuestos empleados de la Cámara.

La causa tuvo varias etapas, entre detenciones, pedidos de excarcelaciones y liberaciones. Luego de que la justicia apresara al puntero político, dos camaristas invalidaron el accionar policial y pidieron la liberación a Rigau tras 12 días de detención. Pero luego la Cámara de Casación Penal bonaerense revocó el fallo que determinaba la nulidad de la causa. Por ello, la fiscal Betina Lacki volvió a retomar la investigación.

Lacki hizo pedidos el 17 de octubre, el 24 de octubre, el 5 de diciembre, el 19 de ese mes, y el 28 de diciembre insistió con la nómina de todos los empleados de la Secretaría Administrativa, a cargo de Miguel Antonio De Lisi, un funcionario que llegó a ese puesto de la mano de Juan Pablo de Jesús, ex intendente del Partido de la Costa.

Con esta nueva información solicitada por la fiscal y entregada este miércoles, se podrá avanzar significativamente en la investigación que rodea a los contratos de los empleados apuntados como «ñoquis», que proporcionaban sus tarjetas de débito para que el puntero -y sus jefes- puedan retirar fondos en cajeros automáticos a cambio de un porcentaje del sueldo.