La Confederación General del Trabajo (CGT) encabezará este miércoles una masiva movilización al Congreso en apoyo al reclamo de los jubilados, y el jueves concretará un paro nacional de 24 horas. La protesta se enmarca en un escenario adverso para el gobierno de Javier Milei, con una semana pasada marcada por la derrota legislativa en el Senado y un polémico viaje a Miami.

El 9 de abril desde el mediodía comenzarán a concentrarse sindicatos, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos frente al Congreso, en respaldo a la protesta semanal de los jubilados. Esta jornada será el preludio del paro general convocado por la CGT para el 10 de abril, que iniciará a la medianoche y se replicará en todo el país.

La Casa Rosada, consciente del impacto que puede tener la medida, activó presiones sobre la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el gremio de los colectiveros, con el objetivo de evitar su adhesión. El gobierno apeló a la conciliación obligatoria en el conflicto salarial que mantiene la UTA, lo cual le impediría participar del paro, aunque el argumento legal es, como mínimo, endeble: el conflicto de la CGT no está vinculado al de los choferes.

Desde la CGT aseguran que el reclamo incluye paritarias libres, un aumento de emergencia para los jubilados, restitución del bono, freno a la represión, defensa de la industria nacional y la obra pública, más presupuesto para educación y salud, y un llamado a preservar las libertades y derechos conquistados. Ninguno de esos puntos tiene relación directa con el conflicto entre UTA y las cámaras empresarias.

En paralelo, el gobierno nacional endurece su postura. Según trascendió, el propio Roberto Fernández, titular de la UTA, recibió amenazas de multas, pérdida de la personería gremial y posibles despidos masivos. Incluso se especula con que las seccionales del interior también sean forzadas a no adherir, aunque en muchas de ellas hay internas abiertas que podrían generar desobediencias.