Los gremios universitarios convocaron a un paro nacional del 16 al 20 de marzo en reclamo de mejoras salariales y del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que según denuncian el Gobierno nacional sigue sin aplicar.
Los docentes universitarios de todo el país se preparan para una semana de paro y medidas de fuerza en defensa de la universidad pública y en reclamo de mejoras salariales. La protesta se desarrollará entre el 16 y el 20 de marzo y apunta directamente contra el gobierno nacional por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
El malestar crece en las casas de estudio ante la pérdida del poder adquisitivo y la falta de recomposición salarial. Según denuncian los gremios, los salarios docentes quedaron muy por detrás de la inflación y hoy muchos trabajadores universitarios se encuentran por debajo de la línea de pobreza.
Laura Carboni, titular de la Asociación Gremial de Docentes de la UBA (AGD UBA), describió la situación como “asfixiante”. “Hay mucha bronca en la universidad. Hay docentes que ya no quieren volver a las aulas”, afirmó.
Según explicó, un ayudante de primera con dedicación simple y diez años de antigüedad gana menos de 250 mil pesos mensuales, mientras que un docente con treinta años de trayectoria cobra alrededor de 300 mil pesos por un cargo de diez horas.
Incluso un profesor con dedicación exclusiva —lo que le impide tener otros trabajos— no supera los 1,3 millones de pesos mensuales, apenas por encima de la línea de pobreza.
El conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario
El eje del conflicto es la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La norma fue aprobada por el Congreso el año pasado y establecía una recomposición salarial acorde a la inflación acumulada, estimada entre el 51 y el 52 por ciento.
Aunque el Poder Ejecutivo vetó la ley, el Congreso rechazó ese veto y la norma quedó firme. Sin embargo, según denuncian los gremios, el gobierno nacional nunca la implementó.
El caso incluso llegó a la Justicia, que falló a favor de los docentes y ordenó aplicar el aumento correspondiente. A pesar de eso, el Ejecutivo se mantiene sin ejecutar la medida.
En paralelo, el Gobierno envió al Congreso un nuevo proyecto para modificar la ley original y reducir la recomposición salarial a un 12,3 por ciento en tres cuotas, cuya última se pagaría recién en septiembre.
Para los gremios, esta propuesta desconoce la deuda salarial acumulada durante todo 2024.
Paro nacional y plan de lucha
Las federaciones docentes definieron un plan de lucha que incluye un paro total de actividades en universidades de todo el país durante la semana del 16 al 20 de marzo.
Durante esos días también se realizarán actividades de visibilización, como clases públicas, volanteadas, cortes de calle y manifestaciones en distintas sedes universitarias.
La AGD UBA, que forma parte de la Conadu Histórica, impulsó las medidas más duras y votó en sus asambleas un paro por tiempo indeterminado. Sin embargo, la federación nacional resolvió coordinar las acciones semana a semana.
El 19 de marzo los docentes de la UBA realizarán una nueva asamblea para evaluar la continuidad del conflicto y definir si las medidas de fuerza se extienden durante la semana siguiente.
Dudas sobre el rol de los rectores
En paralelo al conflicto salarial, los gremios observan con preocupación las negociaciones que el Gobierno mantiene con rectores de distintas universidades.
Según Carboni, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y el secretario de Educación, Carlos Torrendell, se reunieron con autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para presentar el nuevo proyecto de modificación de la ley.
Aunque el CIN reclamó públicamente la aplicación de la norma original, algunos sectores sindicales cuestionan que las autoridades universitarias no estén ejerciendo la presión suficiente para frenar el avance del Gobierno.
En particular, remarcan el silencio de la Universidad de Buenos Aires frente al intento oficial de modificar la ley de financiamiento.