Más de 60 universidades nacionales reclamaron al Gobierno el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y advirtieron sobre el impacto del ajuste en salarios, becas, investigación y funcionamiento académico.

Universidades nacionales de todo el país encendieron la alarma por la profundización de la crisis presupuestaria que afecta al sistema educativo superior. Bajo la consigna #CumplanLaLey, más de 60 instituciones impulsan una campaña federal y preparan una nueva marcha universitaria para el próximo 12 de mayo.

El reclamo apunta al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y de distintos fallos judiciales que ordenan recomponer partidas destinadas a salarios, funcionamiento, becas e investigación.

Según datos difundidos por el sistema universitario, las transferencias nacionales registran una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026, lo que genera dificultades crecientes para sostener actividades académicas, infraestructura y servicios básicos.

Uno de los sectores más afectados es el salarial. Docentes y trabajadores nodocentes acumulan una fuerte pérdida de poder adquisitivo y, en varias universidades, ya se registran renuncias y dificultades para sostener las cursadas.

La situación impacta especialmente en universidades del conurbano bonaerense, donde crece la matrícula estudiantil mientras los recursos permanecen congelados. En algunos casos, las autoridades declararon la emergencia presupuestaria y salarial por la imposibilidad de afrontar gastos operativos.

El ajuste también alcanza a los estudiantes. Las Becas Progresar continúan sin actualización significativa y las universidades advierten que muchos jóvenes tienen dificultades para sostener el costo del transporte, materiales y permanencia en las carreras.

En paralelo, el sector científico enfrenta la paralización de proyectos de investigación y recortes en programas de financiamiento, afectando a miles de investigadores y becarios en todo el país.

Desde las universidades alertan que el escenario ya no representa solo una discusión presupuestaria, sino un problema estructural que pone en riesgo el funcionamiento de uno de los principales sistemas de educación pública y producción científica de la Argentina.