La defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2 que precise si la exmandataria tiene prohibido salir al balcón de su casa mientras cumple prisión domiciliaria. El planteo se realizó a raíz de una de las condiciones impuestas en la resolución judicial, que establece la obligación de abstenerse de «adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes«.

«¿Puedo salir o no al balcón de mi casa? Parece joda, pero no«, escribió Cristina Kirchner en su cuenta oficial de la red social X, al cuestionar los términos de la medida. Los abogados defensores, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, solicitaron que el Tribunal aclare “si tal comportamiento se encuentra prohibido, ya sea en forma total o parcial y cuáles son los alcances de la restricción”.

La exmandataria comenzó a cumplir su condena de seis años de prisión en su domicilio del barrio de Constitución, tras haber sido hallada culpable en la denominada Causa Vialidad. Además de la pena de prisión, fue inhabilitada de manera perpetua para ejercer cargos públicos. El Tribunal aceptó el pedido de prisión domiciliaria tras considerar que existe un riesgo concreto para su integridad física, derivado del atentado que sufrió en 2022, y la imposibilidad de garantizar su seguridad en un establecimiento penitenciario sin incurrir en situaciones irregulares.

Entre las condiciones impuestas, se incluye el uso de una tobillera electrónica, pese a que su defensa alegó que la expresidenta cuenta con custodia permanente de una fuerza de seguridad federal. También se dispuso que solo podrá salir del domicilio en casos de fuerza mayor debidamente justificados y deberá presentar una nómina de las personas autorizadas a ingresar a la vivienda, entre las que se incluyen familiares, abogados y profesionales médicos.

El Tribunal designó a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal como organismo responsable de supervisar el cumplimiento de la prisión domiciliaria, con evaluaciones cada tres meses. En paralelo, el abogado Gregorio Dalbon anunció que se realizaron denuncias ante la Corte Penal Internacional y que avanzarán con presentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al considerar que se trata de un caso de “criminalización selectiva”.