El Ejecutivo publicó los pliegos para concesionar por 50 años parte de la estratégica red ferroviaria de cargas. La licitación impide participar a compañías controladas por otros Estados, una condición que alcanza especialmente a firmas chinas, pese a que China financió durante años la recuperación del sistema. Las ofertas se conocerán el 11 de noviembre.
El Gobierno nacional dio un nuevo paso en la privatización de Belgrano Cargas y Logística con la publicación de los pliegos para concesionar a privados la infraestructura de una de las redes ferroviarias más importantes para el transporte de la producción argentina.
La primera etapa contempla concesiones por un plazo de 50 años, inversiones estimadas en alrededor de 800 millones de dólares y la administración privada de las vías y el tráfico ferroviario.
Uno de los puntos que genera mayor controversia es que los pliegos excluyen de la licitación a empresas controladas por Estados extranjeros, una condición que impacta directamente sobre las compañías estatales de China.
La decisión adquiere especial relevancia porque la recuperación del Belgrano Cargas durante los últimos años contó con financiamiento de entidades chinas como China Development Bank e ICBC.
UNA RED ESTRATÉGICA PARA LAS EXPORTACIONES
La privatización comprende las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, actualmente operadas por Belgrano Cargas y Logística. En conjunto representan unos 7.594 kilómetros de vías operativas distribuidas en 16 provincias.
La red tiene un papel central en el traslado de la producción hacia los principales puntos de exportación. La línea Belgrano, particularmente, conecta provincias del norte argentino con el área de Rosario, uno de los principales nodos agroexportadores del país.
En esta primera instancia se licitarán las vías y los inmuebles ferroviarios aledaños, mientras que los talleres y otras unidades de negocio quedarían para una segunda etapa prevista para comienzos de 2027.
Los adjudicatarios tendrán a su cargo la administración y mantenimiento de las vías, además del manejo del tráfico. A su vez, deberán permitir la circulación de otros operadores ferroviarios mediante el pago de un peaje.
LA CLÁUSULA QUE EXCLUYE A EMPRESAS ESTATALES
Según los pliegos, no podrán participar compañías que estén controladas directa o indirectamente por otros Estados.
De acuerdo con Página/12, la restricción estaría especialmente dirigida contra las empresas estatales chinas y respondería a las presiones de Estados Unidos para limitar la presencia económica de China en sectores estratégicos de la Argentina.
El medio también informó que COFCO, la compañía estatal china dedicada al comercio de alimentos y productos agrícolas, habría quedado afuera de una posible alianza entre grandes cerealeras interesadas en participar del negocio.
Entre las compañías mencionadas aparecen Bunge, Louis Dreyfus, Cargill, ACA y AGD, mientras que también habrían manifestado distintos grados de interés Grupo México y Roggio.
EL INTERROGANTE POR EL FINANCIAMIENTO CHINO
La exclusión abre además interrogantes respecto de los acuerdos financieros utilizados para recuperar la infraestructura ferroviaria.
Parte de las inversiones realizadas sobre la red fueron financiadas mediante créditos provenientes de bancos chinos y, según la información publicada, algunas modificaciones de esos proyectos estuvieron sujetas al consentimiento de las entidades acreedoras.
El Gobierno sostiene que la participación privada permitirá ampliar el transporte ferroviario de cargas y estableció que los futuros concesionarios deberán realizar un conjunto de obras obligatorias durante los primeros cinco años.
Además, algunas de las inversiones podrán quedar comprendidas dentro de los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Las empresas interesadas tendrán plazo hasta el 11 de noviembre para presentar sus ofertas. La intención oficial es completar el proceso de esta primera etapa antes de finalizar 2026.
