Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger retomaron las negociaciones para destrabar el proyecto de ley de propiedad privada, que volvería a debatirse en el Senado el próximo 6 de agosto. La iniciativa genera cuestionamientos por su impacto sobre el control de las tierras rurales.

El Gobierno nacional volvió a impulsar el proyecto de ley de propiedad privada que modifica la Ley de Tierras y flexibiliza las restricciones para la adquisición de campos por parte de extranjeros. Tras cuatro intentos fallidos en el Senado, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, mantuvieron una reunión para intentar cerrar los acuerdos necesarios y reactivar el tratamiento de la iniciativa.

El proyecto, que el oficialismo buscará debatir nuevamente el próximo 6 de agosto, sufrió al menos quince modificaciones desde que obtuvo dictamen y continúa generando diferencias tanto dentro del oficialismo como entre los bloques dialoguistas.

Uno de los principales cambios incorporados en las últimas negociaciones otorga una mayor participación a las provincias para autorizar o rechazar operaciones de compra de tierras rurales por parte de capitales extranjeros, una propuesta impulsada por legisladores provinciales que finalmente fue aceptada por el Gobierno.

Bullrich sostuvo que las modificaciones apuntan a fortalecer el federalismo y rechazó las críticas de quienes consideran que la reforma pone en riesgo la soberanía nacional. Según explicó, la iniciativa busca garantizar el derecho de propiedad sin afectar las facultades del Estado sobre los recursos estratégicos.

Sin embargo, distintos sectores de la oposición cuestionan la eliminación de varios límites establecidos por la legislación vigente y advierten que la reforma facilitaría la concentración de tierras en manos de inversores extranjeros, especialmente en zonas con recursos naturales considerados estratégicos.

Las diferencias también aparecen dentro de los sectores que habitualmente acompañan al oficialismo. Senadores de algunas provincias manifestaron reparos sobre el proyecto debido al alto porcentaje de tierras rurales que ya se encuentran en manos de propietarios extranjeros en sus distritos.

Mientras tanto, el debate también reavivó la discusión sobre la política migratoria del Gobierno. Desde distintos sectores señalaron una contradicción entre la defensa de los derechos de propiedad para inversores extranjeros y las iniciativas impulsadas por La Libertad Avanza para restringir el acceso de personas sin residencia permanente a servicios públicos como la salud y la educación.

Con el receso legislativo en marcha, el oficialismo buscará reunir los votos necesarios para llevar el proyecto al recinto durante la primera semana de agosto, en una de las discusiones parlamentarias más sensibles del segundo semestre.