Por Decreto, el Gobierno Nacional comandado por Javier Milei declaró la emergencia pública en materia ferroviaria por un plazo de 24 meses. La medida, que llegó con algo de demora, rige para todos los trenes de pasajeros y de carga con jurisdicción nacional.

La declaración de la emergencia ferroviaria se da horas después de la aprobación de la Ley Bases en el Senado, que —si bien tuvo modificaciones y dejó afuera de las privatizaciones a Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina y al Correo Argentino— mantiene entre las empresas a concesionar al Belgrano Cargas y a la sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (Sofse).

La medida fue dispuesta por un plazo de dos años, prorrograble por única vez por el mismo período. Afecta a los servicios de transporte de pasajeros y cargas de jurisdicción nacional, así como también a todas las actividades relacionadas con la administración y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria y la operación de los servicios ferroviarios en la Red Ferroviaria Nacional.

El Decreto 526/2024 establece una serie de medidas, entre las que se encuentran:

• Designar a la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía como Autoridad de Aplicación de la emergencia.
• La creación de un Plan de Acción por parte de la Secretaría de Transporte, que será implementado por las empresas ferroviarias.
• La posibilidad de dejar sin efecto o renegociar contratos en curso.
• La adecuación de las frecuencias de los servicios ferroviarios.
• La revisión integral de las normas y procesos vigentes en materia de mantenimiento y seguridad.
• La atracción de inversiones y la suscripción de contratos para la operación de los servicios de transporte y la gestión de la infraestructura.
• La reorganización empresarial de las empresas ferroviarias.

En el marco de la promesa del Gobierno de privatizar el servicio de transporte público, el texto oficial sostiene que la declaración de emergencia busca «maximizar las inversiones y los recursos empleados para la prestación de un servicio ferroviario en condiciones de eficiencia y seguridad». Y agrega que uno de los objetivos es «Atraer inversiones y fomentar la participación de terceros en la operación de los servicios de transporte y en la gestión de la infraestructura».

El decreto entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial, es decir, este jueves 13 de junio de 2024.