El Gobierno nacional oficializó este martes una profunda reforma en la estructura y funciones de la Policía Federal Argentina (PFA), orientada a convertirla en una fuerza dedicada centralmente a la investigación de delitos federales complejos y la desarticulación de organizaciones criminales. El cambio fue establecido mediante el decreto 383/2025, que también derogó el Decreto-Ley 333/58 vigente desde 1958.

Entre las principales medidas, se destaca la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), órgano que tendrá competencia nacional en materia de seguridad. A partir de ahora, la PFA dejará de intervenir en funciones de seguridad urbana en la Ciudad de Buenos Aires y se enfocará en tareas de inteligencia criminal, detección de redes delictivas y articulación con el Poder Judicial.

El nuevo estatuto establece que la PFA podrá realizar tareas de prevención en espacios públicos digitales —como redes sociales o sitios web— sin autorización judicial. Además, se faculta a los agentes a hacer requisas personales en la vía pública sin orden judicial, siempre que existan motivos fundados para «sospechar que una persona oculta elementos relacionados con un delito y que exista riesgo de pérdida de pruebas».

En relación a las detenciones, el documento aclara que la fuerza no podrá privar de la libertad a una persona sin orden judicial, salvo que haya razones fundadas para «presumir la comisión de un delito» y la persona no acredite su identidad. En esos casos, podrá ser trasladada a una dependencia policial por un plazo máximo de 10 horas y con notificación inmediata al juez competente.