La Unión de Personal Superior de la Administración Federal de Ingresos Públicos (UPSAFIP) expresó su rechazo a la disolución de la AFIP, medida anunciada por el Gobierno en el marco de su plan de reducción del Estado, y advirtió que no tolerará despidos ni recortes salariales que afecten a sus afiliados. » No permitiremos que se vulneren los derechos de los trabajadores, que gozan de la estabilidad consagrada en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional», afirmó el gremio en un comunicado difundido este lunes.

En el documento, el sindicato advirtió que «no serán toleradas desvinculaciones con base en el origen político, ni por ninguna otra causa que no derive de un sumario administrativo con resolución firme» y remarcó que «vemos que el espíritu del anuncio sería el retorno al viejo esquema institucional de los años 90».

Manuel Adorni dio la noticia en una conferencia de prensa en la que no dio lugar a preguntas, sino que se limitó a decir que «se van a reducir 45% las autoridades superiores, casta política, y un 31% los niveles inferiores de la estructura actual. Es decir, en total se van a eliminar el 34% de los cargos públicos».

«Además, van a reubicarse y pasar a disponibilidad unos 3.100 empleados que ingresaron durante el último gobierno de manera, entendemos, irregular. Esto va a suponer un ahorro presupuestario en torno a los $6.400.000 al año», aseguró el vocero presidencial.

El sindicato felicitó la designación de Andrés Gerardo Vázquez como nuevo titular de la Dirección General Impositiva (DGI), destacando que es afiliado a UPSAFIP y cuenta con una trayectoria de más de 30 años en la entidad. «Esperamos reunirnos pronto con él para lograr puntos de coincidencia sobre la dirección del organismo», concluyeron.

El contexto del anuncio oficial también incluye la designación de Florencia Misrahi como directora de la nueva ARCA y de José Andrés Velis como titular de la Dirección General de Aduanas (DGA). Según el Gobierno, esta reestructuración tiene como objetivo eliminar los privilegios del pasado y mejorar la eficiencia y transparencia en la administración de los recursos estatales.