El bloque de diputados del PRO denunció este jueves al oficialismo por lo que calificó como una “grave violación a la Constitución Nacional”, luego de que se avanzara con la designación de autoridades de la Auditoría General de la Nación (AGN) durante la madrugada, pese a que el tema no formaba parte de la convocatoria a sesiones extraordinarias realizada por el Poder Ejecutivo.

Según señalaron en un comunicado, la designación se concretó cerca de las 3 de la mañana, aun cuando desde la bancada del PRO se había advertido en reiteradas oportunidades que el asunto no estaba habilitado para su tratamiento. Indicaron que la objeción fue planteada primero de manera informal, luego en el recinto y finalmente al momento de intentar consumar la votación, quedando constancia de ello en el Diario de Sesiones.

Desde el macrismo recordaron que el artículo 63 de la Constitución Nacional establece que durante las sesiones extraordinarias el Congreso solo puede tratar los temas expresamente incluidos en la convocatoria del Poder Ejecutivo. En ese marco, remarcaron que la Auditoría General de la Nación es un órgano constitucional de control y que su integración no puede considerarse una cuestión administrativa interna del Congreso.

“El avance en esta designación, fuera del temario habilitado, no fortalece el control del Estado, lo deslegitima”, afirmaron los diputados del PRO, quienes rechazaron la validez del procedimiento y aseguraron que no convalidan la designación realizada. A su entender, se trata de un acto “nulo de nulidad absoluta por incompetencia constitucional”.

El bloque opositor adelantó que promoverá acciones judiciales para restablecer la legalidad y el respeto institucional, y expresó su malestar por la actitud del oficialismo. En el comunicado también señalaron que, pese a haber acompañado al gobierno de Javier Milei en momentos clave por considerar necesario un cambio profundo en el país, ese proceso no puede llevarse adelante vulnerando las reglas constitucionales.

Finalmente, los legisladores del PRO subrayaron que las instituciones “no pueden funcionar por la fuerza de una mayoría circunstancial” y que las transformaciones que reclama la sociedad deben realizarse respetando la Constitución y el funcionamiento democrático del Estado.