Mediante una carta dirigida a la Cámara de Senadores bonaerense, la Sociedad Rural Argentina manifestó su preocupación por el proyecto de modificación de la Ley de indemnizaciones laborales impulsado por el oficialismo y alertó sobre las consecuencias de su aprobación.

El estado de alerta del campo deriva de que la iniciativa presentada por la diputada de La Cámpora por la Sexta Sección electoral, Maite Alvado, ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, por lo que desde la SRA manifestaron “preocupación”.

En esa línea, advirtieron que “el incremento propuesto en los intereses sobre créditos laborales impactaría de manera significativa en los costos operativos de las empresas, lo que, de sancionarse la ley, podría derivar en una disminución de las contrataciones, reducciones de personal e incluso en el cierre de empresas, afectando directamente tanto a empleadores como a trabajadores”.

Además, la titular del bloque de Unión por la Patria en el Senado, Teresa García, respaldó el proyecto que presentaron La Cámpora y el sindicalismo en la Legislatura, que pretende modificar las tasas de interés que se aplican al momento de abonar indemnizaciones laborales y que tiene en vilo a las pymes.

«Ayer me llegó una nota de unos no tan pymes como Coninagro, Carbap, la SRA… Hoy vemos la barbaridad que ocurre con los despidos, vemos que hay cierre de comercios, achicamiento de la actividad productiva, hay un flagelo a las pymes que tiene que ver con este modelo económico», señaló García en relación a las medidas de Javier Milei.

La propuesta, que tuvo sanción en la Cámara de Diputados y avanzó en una comisión de la Cámara alta, obtuvo el rechazo de más de un centenar de entidades y asociaciones empresarias de toda la Provincia.

«Tratamos de equilibrar, sobre todo en el Gran Buenos Aires que es donde está la mayor cantidad de fábricas, que tengan los mismos beneficios. No nos podemos parar en otro lado que no sea la vereda del trabajador», subrayó.

En esa línea, reconoció haber discutido con las pymes, quienes plantearon que tendrían que cerrar por esta iniciativa. «No es así, cerrarían porque les llega una factura de luz de 2 millones de pesos», aseveró García.

«Estamos llegando a un cuello de botella donde la situación de los trabajadores está muy malograda. Los juicios laborales por despido son el 50%, el otro 50% son por accidentes de trabajo. Es una discusión profunda y creo que hay que darla», dijo.