La causa por el megafraude en favor del grupo Vicentín dio un nuevo paso judicial. La Justicia Federal dispuso el embargo y la inhibición de bienes de Javier González Fraga, Lucas Llach y otros 16 exdirectivos del Banco Nación, acusados de haber participado en una maniobra fraudulenta durante el gobierno de Mauricio Macri.

La medida fue adoptada por el Juzgado Federal N°10, a cargo del juez Julián Ercolini, casi seis años después del inicio de la investigación. El expediente investiga un presunto fraude contra la administración pública a través del otorgamiento de créditos millonarios a la empresa Vicentín, pese a su delicada situación financiera.

Según la acusación impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, el Banco Nación habría concedido a la cerealera santafesina 304.328.665,75 dólares en préstamos que la compañía no estaba en condiciones de devolver. González Fraga y Llach eran, en ese momento, presidente y vicepresidente de la entidad bancaria estatal.

El embargo fue dispuesto para garantizar una eventual pena de multa y para asegurar la reparación del daño al Estado, en caso de que los imputados resulten condenados. En la resolución, Ercolini señaló que los funcionarios investigados habrían participado, junto a directivos del Grupo Vicentín, del cobro de sumas cuyo destino final continúa siendo “incierto”.

La causa detalla una espiral de créditos y préstamos irregulares que los imputados habrían facilitado aun cuando el banco carecía de posibilidades reales de recuperarlos. Una de las irregularidades más graves se registró en el segundo semestre de 2019, cuando Vicentín acumulaba deudas vencidas y exigibles, pero aun así el Banco Nación autorizó reiterados retiros y transferencias de fondos desde cuentas de garantía, en lugar de cobrarse lo adeudado.

De acuerdo con la investigación, solo en la segunda mitad de 2019 se habrían liberado 43.449.104.966 pesos a favor de la empresa mediante 125 operaciones, además de 28 préstamos adicionales por 105,5 millones de dólares.

Pollicita sostiene que, una vez acreditados, esos fondos habrían sido desviados hacia cuentas personales de directivos de Vicentín y otros destinos ajenos a la operatoria regular de la empresa. Al 7 de noviembre de 2019, el grupo ya registraba una deuda vencida y exigible de 149,5 millones de dólares, superando ampliamente los límites permitidos desde al menos julio de ese año.

La decisión judicial se tomó luego de las indagatorias realizadas en noviembre pasado en los tribunales de Comodoro Py, donde declararon 26 imputados. La investigación continúa y podría derivar en nuevas medidas patrimoniales y procesales.