El CECIM de La Plata acusó al Presidente de violar los deberes de funcionario público tras afirmar que la soberanía de las islas debería resolverse “mediante negociación y cuando los isleños así lo deseen”. La causa quedó en un juzgado federal de Comodoro Py.

El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por sus declaraciones al diario británico The Telegraph, donde sostuvo que las islas Malvinas solo deberían “regresar a Argentina mediante negociación y cuando los isleños así lo deseen”.

La presentación judicial quedó radicada en el Juzgado Federal N° 12 de Comodoro Py y acusa al mandatario por presunta violación de los deberes de funcionario público, entre otras figuras penales.

Desde la organización de excombatientes consideraron que los dichos del jefe de Estado implican un apartamiento de la posición histórica de la Argentina respecto al reclamo de soberanía sobre el archipiélago, que se basa en negociaciones bilaterales con el Reino Unido y no en la voluntad de los habitantes de las islas.

“Decidimos denunciar penalmente al Presidente porque entendemos que hay que dar testimonio. El Poder Judicial tiene que tomar cartas en el asunto frente a este apartamiento arbitrario y contrario a la Constitución Nacional”, explicó Jerónimo Guerrero Iraola, abogado patrocinante del CECIM.

La polémica se originó en una entrevista publicada el 29 de diciembre por el medio británico. Según la transcripción citada en la denuncia, Milei afirmó que “las negociaciones sobre este delicado asunto van de la mano con su postura sobre las Islas Malvinas” y sostuvo que el territorio solo debería volver a la Argentina “cuando los isleños así lo deseen”.

El artículo también mencionó el referéndum realizado en 2013, en el que más del 99% de los habitantes votó por continuar bajo soberanía británica, un punto que generó cuestionamientos por parte de los excombatientes.

Para el CECIM, esa postura desconoce el marco constitucional y la política exterior argentina, que considera la cuestión Malvinas como un reclamo soberano irrenunciable y una causa de Estado.

Ahora será la Justicia federal la que deberá evaluar si los dichos del Presidente constituyen algún tipo de delito o incumplimiento de sus deberes como funcionario público.