Argumentan que fue donado al Estado con la condición de que permaneciera en el Museo Histórico Nacional. El Gobierno dispuso por decreto su reubicación en el Regimiento de Granaderos y renunció la directora del MHN.
Los descendientes de Juan Manuel de Rosas acudieron a la Justicia para impedir el traslado del sable corvo de José de San Martín y exigir que continúe exhibido en el Museo Histórico Nacional (MHN), donde se encuentra desde 2015. A través de una medida cautelar, buscan frenar la decisión del Gobierno de Javier Milei de reubicar el arma en el Regimiento de Granaderos a Caballo.
La presentación judicial sostiene que la espada fue donada al Estado con la condición expresa de que permaneciera en la sede del museo, ubicada en Defensa 1600, y que cualquier cambio de destino vulneraría ese compromiso y afectaría el patrimonio histórico y cultural de la Nación. “Se solicita la prohibición de traslado del sable y la suspensión inmediata de cualquier acto tendiente a removerlo”, indicaron.
Quienes impulsan la demanda son Mercedes Terrero, María Rosa Terrero, Sebastián Terrero, Candelaria Domínguez Cossio y Malena Terrero, herederos del linaje Terrero-Rosas, custodios históricos del arma.
El decreto de Milei
El conflicto se desató luego de que el Ejecutivo oficializara el traslado mediante el Decreto 81/2026. En la norma se argumenta que la medida apunta a “asegurar su adecuada guarda, conservación y custodia permanente” en el ámbito militar del Regimiento de Granaderos.
En los considerandos, el Gobierno remarca que el sable “integra el patrimonio histórico de la Nación” y constituye “uno de los símbolos más representativos de la soberanía nacional”.
La decisión generó tensiones internas: tras conocerse el decreto, la directora del Museo Histórico Nacional, María Inés Rodríguez Aguilar, presentó su renuncia indeclinable en desacuerdo con el traslado.
La historia del sable
Según recordaron los herederos en su presentación, San Martín legó el sable a Rosas en reconocimiento por la defensa de la soberanía nacional tras la Vuelta de Obligado. Más tarde, la familia Terrero lo conservó hasta donarlo formalmente al Estado argentino, con la voluntad explícita de que fuera depositado en el Museo Histórico Nacional.
El arma ya había sido trasladada en otras oportunidades: durante la dictadura de Juan Carlos Onganía fue puesta en custodia del Regimiento de Granaderos y en 2015 regresó al museo por decreto presidencial.
Ahora, el reclamo judicial busca impedir un nuevo movimiento y mantener la pieza donde, aseguran, fue acordado originalmente. La disputa abre un debate sobre el destino de uno de los símbolos más emblemáticos de la historia argentina y el alcance de las condiciones establecidas en su donación.