El fiscal Guillermo Marijuán imputó a Francisco Adorni, diputado bonaerense y exfuncionario de Defensa, tras una denuncia de Marcela Pagano. La Justicia ya pidió informes bancarios, patrimoniales y migratorios.
La interna libertaria y los escándalos patrimoniales volvieron a golpear al Gobierno nacional. Esta vez, la Justicia federal imputó a Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
La investigación quedó a cargo del fiscal federal Guillermo Marijuán, luego de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano. El expediente tramita en el Juzgado Federal N°6, subrogado por Daniel Rafecas.
Francisco Adorni llegó al Gobierno de la mano de su hermano, primero como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y luego al frente del Instituto de Ayuda Financiera para retiros y pensiones militares. Más tarde consiguió una banca en la Legislatura bonaerense por La Libertad Avanza.
El crecimiento patrimonial bajo sospecha
Según la denuncia, el foco está puesto en el incremento patrimonial registrado entre 2024 y 2025. En su declaración jurada inicial, Adorni informó la mitad de una vivienda en City Bell, un vehículo Chery Tiggo y bienes por unos 43 millones de pesos.
Sin embargo, apenas un año después declaró un patrimonio cercano a los 80 millones de pesos, incluyendo la compra de una camioneta Jeep Renegade y la cancelación en tiempo récord de un crédito hipotecario del Banco Provincia por alrededor de 60 millones de pesos.
La denuncia sostiene que sus ingresos como funcionario no alcanzarían para justificar el pago acelerado de ese préstamo, algo que ahora deberá analizar la Justicia.
Una batería de medidas judiciales
Marijuán ordenó una amplia serie de medidas de prueba para reconstruir la evolución patrimonial del dirigente libertario. Entre otras cosas, pidió levantar el secreto fiscal y bancario y requirió informes a más de 30 organismos estatales y entidades financieras.
La investigación incluye pedidos de información a ARCA, ARBA, AGIP, Migraciones, Banco Central, Banco Provincia, la Unidad de Información Financiera y registros inmobiliarios, con el objetivo de detectar movimientos financieros, propiedades, cuentas, cajas de seguridad y operaciones en moneda extranjera.
También se analizarán posibles vínculos societarios y operaciones comerciales realizadas desde 2020 hasta la actualidad.
Otro golpe para el oficialismo
La imputación llega en un momento especialmente delicado para el Gobierno nacional, que ya enfrenta fuertes cuestionamientos por la situación judicial de Manuel Adorni y otras denuncias vinculadas al patrimonio de funcionarios libertarios.
Aunque el fiscal aclaró que esta causa se limita exclusivamente a Francisco Adorni, el nuevo expediente vuelve a poner bajo presión a la Casa Rosada y profundiza el desgaste político alrededor del círculo más cercano al presidente Javier Milei.
