El gobierno argentino no sólo no hizo nada por liberar a Nahuel Gallo sino que, según reconstruyen quienes participaron de las gestiones, incluso puso obstáculos en el tramo final que permitió que el gendarme saliera del penal Rodeo I, en Venezuela. Ya con Gallo en libertad, intentaron capitalizar la foto en Ezeiza y deslizar advertencias sobre los “vínculos chavistas” de quienes intervinieron en la negociación.

Desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) respondieron con un comunicado contundente: “Denunciar a quienes rescataron a un argentino es un acto de una gravedad institucional inusitada”.

Las negociaciones comenzaron en enero, cuando Delcy Rodríguez quedó al frente del gobierno venezolano tras el desplazamiento de Nicolás Maduro. Hubo un canal principal: el abogado Franco Bindi —exletrado de PDVSA— y su esposa, la diputada Marcela Pagano, con llegada a Jorge Rodríguez. En paralelo, el exembajador Oscar Laborde mantenía diálogo directo con Caracas.

La solución final apareció por vía futbolera: el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Giménez Ochoa, articuló con Claudio Tapia, quien puso a disposición el avión de la AFA para trasladar a Gallo a Ezeiza.

En el arribo estuvieron el canciller Pablo Quirno, la ministra Alejandra Monteoliva, la senadora Patricia Bullrich y el vocero presidencial Manuel Adorni, quienes reivindicaron gestiones oficiales y cuestionaron a los intermediarios.

Gallo estuvo 448 días detenido sin acusación formal pública ni comunicación regular con su familia. En Caracas sostienen que no hubo pedidos formales de liberación por parte de las representaciones diplomáticas que actuaban en nombre de Argentina y que el gobierno de Javier Milei no reconoció a Delcy Rodríguez como presidenta, lo que tensó el escenario diplomático.

La liberación terminó concretándose por carriles informales y con el fútbol como actor inesperado, dejando expuesta una interna política que ahora suma un nuevo capítulo.