16 junio, 2025
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La Corte Penal Internacional emitió orden de arresto contra Netanyahu

La Corte Penal Internacional (CPI) emitió este jueves órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, acusándolos de crímenes de guerra y lesa humanidad en la Franja de Gaza desde octubre de 2023.

Los jueces también autorizaron una orden de detención contra Mohammed Deif, líder militar de Hamás, aunque Israel afirmó haberlo eliminado en un ataque el pasado junio, un fallecimiento que no ha sido confirmado por el grupo islamista.

La CPI destacó que existen fundamentos razonables para creer que Netanyahu y Gallant «privaron intencionalmente a la población civil de Gaza de recursos indispensables para su supervivencia«, incluidos alimentos, agua, medicamentos, combustibles y electricidad. Estas acciones constituyen graves violaciones del derecho internacional humanitario y los convierten en sospechosos buscados internacionalmente.

La decisión fue duramente criticada por líderes israelíes, quienes calificaron las órdenes de arresto como “vergonzosas y antisemitas”. Netanyahu condenó la medida y recibió el respaldo del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien expresó su apoyo al derecho de Israel a defenderse frente a los ataques de Hamás. Por su parte, Hamás también rechazó las acusaciones de la CPI, afirmando que no reflejan la realidad del conflicto.

Implicaciones prácticas

Aunque las órdenes de arresto representan un hito jurídico, su implementación enfrenta múltiples desafíos. Israel no es miembro de la CPI y, junto con Estados Unidos, ha cuestionado la legitimidad de las acciones del tribunal. Además, la CPI no cuenta con un cuerpo policial propio, por lo que depende de la cooperación de sus estados miembros para hacer efectivas las detenciones.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel argumentó que el tribunal no le permitió realizar investigaciones internas antes de emitir las órdenes. Según el portavoz Oren Marmorstein, Israel seguirá comprometido con «el estado de derecho y la justicia«, defendiendo a sus ciudadanos de las acusaciones internacionales.