Agotadas las instancias judiciales en el país, la defensa de Cristina Kirchner inició una estrategia internacional para revertir su proscripción política. La presentación de un escrito ante la Corte Penal Internacional y la proyección de una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) marcan el nuevo camino legal tras la confirmación de su condena por parte de la Corte Suprema argentina en la causa Vialidad.

El abogado Gregorio Dalbón denunció en el escrito presentado en La Haya una persecución política, judicial y mediática contra la expresidenta. En el documento, detalló las irregularidades de las causas penales en su contra y señaló que se trata de una maniobra destinada a anular su capacidad de representación mediante el uso del aparato judicial.

Dalbón también subrayó que existen componentes de violencia política de género en el proceso, así como una omisión institucional del intento de magnicidio que sufrió Cristina Kirchner en 2022. Además, mencionó que buscan la aplicación del artículo 366 inciso F del Código Procesal Penal Federal, que establece que una recomendación de un organismo internacional puede ser vinculante para revisar una condena firme.

En ese escenario, la defensa plantea que el expediente podría volver a la Cámara Federal de Casación Penal, aunque con un nuevo tribunal sorteado públicamente, dado que recusarán a los jueces que dictaron la condena. Dalbón señaló que una resolución podría llegar en un plazo de hasta un año, dado que se trata de una recomendación y no de una sentencia definitiva.

Rafael Correa, expresidente de Ecuador, respaldó públicamente a Cristina Kirchner y recordó su propio proceso ante organismos internacionales, advirtiendo sobre los plazos prolongados que suelen requerir estos mecanismos. Por su parte, el caso del presidente brasileño Lula da Silva, quien recuperó sus derechos políticos tras la anulación de su condena en 2021, es tomado por el kirchnerismo como un antecedente clave en la región.