La implementación del súper DNU del presidente Javier Milei generó impacto en todo el arco político, pero también en diversos sectores sociales que se ven alcanzados y perjudicados por las reformas o derogaciones normativas. Llamativamente, uno de los que marcó reparos al Gobierno fue el del campo, o al menos una de sus organizaciones más importantes.

La Federación Agraria Argentina (FAA) emitió un comunicado en el que cuestionó que los profundos cambios que intenta llevar adelante el Gobierno sean a través de un decreto y sin pasar por el Congreso –más allá de que el DNU efectivamente puede ser rechazado por ambas cámaras–, pero apuntó fundamentalmente contra la propuesta de derogar la Ley de Tierras. Se trata de un reclamo que la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) realizó durante la campaña y fortaleció tras la asunción de Milei.

Particularmente, expresaron el rechazo a la derogación de la Ley de Tierras, que permite «la apertura irrestricta de la compra de tierras por parte de extranjeros en nuestro país» y señalaron que «sin límites, ponemos en riesgo la supervivencia de los productores y la soberanía de nuestros recursos naturales».

«Con el pretexto de atraer inversiones, es necesario recordar que durante 21 años desde el sector agropecuario hemos aportado casi 200 mil millones de dólares en concepto de retenciones, que han sido la herramienta que provocó la desinversión y la desaparición de miles de pequeños y medianos productores», señalaron.