Obispos, especialistas y organizaciones sociales advirtieron que la iniciativa oficial se enfoca en combatir el juego ilegal, pero deja sin cambios varios mecanismos de promoción utilizados por las plataformas habilitadas.

La discusión sobre las apuestas online y la ludopatía juvenil volvió a instalarse en el centro de la agenda política luego de que la Iglesia Católica cuestionara el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei que actualmente se encuentra en el Senado.

Desde la Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) expresaron preocupación por el contenido de la iniciativa oficial y advirtieron que el texto concentra sus esfuerzos en perseguir plataformas ilegales, pero deja prácticamente sin modificaciones los mecanismos de promoción y captación que utilizan las empresas autorizadas.

El planteo fue respaldado durante un encuentro realizado a comienzos de junio, donde participaron especialistas en salud mental, representantes de organizaciones sociales y referentes vinculados a la prevención de adicciones.

Uno de los principales puntos de conflicto es la diferencia entre el proyecto promovido por el Ejecutivo y la iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados en 2024, que proponía mayores restricciones para la publicidad de apuestas online, controles biométricos obligatorios y mecanismos de prevención dirigidos a menores de edad.

Según los críticos, el texto impulsado por el Gobierno deja afuera varias de esas herramientas y prioriza el combate contra la oferta clandestina mediante sanciones penales, bloqueos tecnológicos y controles financieros.

Durante el debate, especialistas alertaron sobre el crecimiento de la ludopatía entre adolescentes. Datos presentados por organizaciones vinculadas al tema indican que muchos jóvenes comienzan a apostar antes de los 15 años y que una parte de ellos ya registra problemas económicos derivados del juego.

La discusión también tiene una fuerte dimensión económica. Las empresas del sector sostienen que una prohibición amplia de la publicidad afectaría a clubes deportivos, ligas profesionales y distintas actividades que reciben financiamiento proveniente de las plataformas de apuestas.

A su vez, varias provincias observan el fenómeno desde una perspectiva fiscal, ya que los juegos online generan ingresos crecientes a través de impuestos y cánones regulados por cada jurisdicción.

Mientras tanto, desde la Iglesia insisten en que el foco debe estar puesto en la protección de niños y adolescentes. La preocupación gira especialmente en torno al avance de la publicidad en redes sociales, el rol de influencers y la creciente presencia de casas de apuestas en el deporte profesional.

Con posiciones enfrentadas entre sectores religiosos, especialistas, empresas, gobernadores y el Gobierno nacional, el Senado volverá a convertirse en el escenario de una discusión donde se cruzan salud pública, intereses económicos y regulación estatal.