La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) comenzó a analizar una denuncia que apunta contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el secretario de Agricultura Sergio Iraeta y las principales cerealeras del país, en el marco de una operatoria que habría generado pérdidas multimillonarias para el Estado y los productores agropecuarios.

La maniobra bajo la lupa se produjo entre el 16 y el 19 de septiembre, cuando el Palacio de Hacienda habilitó a un grupo de exportadoras a registrar operaciones de venta al exterior sin contar con los granos en su poder. Esta ventana de apenas dos días permitió a siete compañías —entre ellas Cargill, Bunge, Cofco, AGD, Molinos Agro, Viterra y LDC— beneficiarse con aproximadamente 1.500 millones de dólares en retenciones no cobradas.

Según la presentación, además de la pérdida fiscal, la operatoria trasladó la carga impositiva a los productores, quienes terminarán recibiendo un menor precio por sus cosechas debido a la reinstalación posterior de las retenciones. El documento judicial describe el hecho como “una apropiación de riqueza en perjuicio directo de los generadores del grano”.

La denuncia también recuerda la vigencia de la Ley Martínez Raymonda, sancionada en 2007, que faculta a la Cámara de Diputados a investigar abusos de las empresas exportadoras en perjuicio de los productores. La norma había sido aplicada por primera vez en el contexto del conflicto por las retenciones móviles de 2008.

El trasfondo internacional también está presente. La decisión de poner fin al esquema transitorio coincidió con declaraciones del titular del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien cuestionó públicamente la baja de derechos de exportación en Argentina. Horas después de su mensaje en redes sociales, las cerealeras aceleraron la presentación de 88% de las declaraciones juradas de ventas al exterior.