El juez federal Martín Cormick ordenó al Poder Ejecutivo que cumpla con la medida cautelar que obliga a atender las demandas de las universidades. Si no lo hace dentro del plazo establecido, advirtió que podrá aplicar sanciones económicas diarias a los funcionarios responsables.
El conflicto entre el Gobierno de Javier Milei y las universidades nacionales sumó un nuevo capítulo en los tribunales. El juez federal Martín Cormick intimó al Estado Nacional a cumplir, en un plazo de cinco días, con la medida cautelar que había dispuesto para garantizar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria (LFEU).
La resolución establece que, si el Poder Ejecutivo no acata la orden dentro del plazo fijado, podrán aplicarse astreintes, es decir, sanciones económicas por cada jornada de incumplimiento.
La decisión se conoce mientras las universidades nacionales mantienen medidas de fuerza y reclamos por salarios, becas y recursos para el funcionamiento de las instituciones.
UNA CAUTELAR QUE SIGUE VIGENTE
Cormick había dictado la medida cautelar el 23 de diciembre del año pasado, luego de que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) recurriera a la Justicia para reclamar el cumplimiento de la legislación.
La resolución fue posteriormente confirmada por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y, el 25 de junio, la Corte Suprema ratificó lo decidido en las instancias anteriores.
El Gobierno intentó posteriormente que la cautelar fuera levantada. Sin embargo, el 1 de septiembre Cormick rechazó ese pedido y recordó que la medida continuaría vigente hasta que exista una sentencia definitiva en la causa.
El expediente busca determinar, entre otras cuestiones, la constitucionalidad del decreto 759/2025, mediante el cual el Ejecutivo suspendió en los hechos la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
EL ARGUMENTO DEL GOBIERNO Y LA RESPUESTA JUDICIAL
Uno de los planteos oficiales para intentar dejar sin efecto la cautelar fue que el Ejecutivo había realizado transferencias parciales a las universidades y que, por ese motivo, ya no existía el supuesto peligro que había justificado la intervención judicial.
La estrategia no fue aceptada por Cormick.
En su nueva resolución, el magistrado señaló que “no existe cumplimiento total de la cautelar dictada en autos” y ordenó al Estado Nacional que complete las obligaciones pendientes dentro de los cinco días.
La advertencia de sanciones económicas apunta a garantizar que la orden judicial sea efectivamente ejecutada.
LAS NEGOCIACIONES QUE NO LLEGARON A UN ACUERDO
En junio, el Ministerio de Capital Humano había informado al juzgado sobre un entendimiento entre el CIN, la Subsecretaría de Políticas Universitarias y los sindicatos docentes.
Según las actas presentadas, el Gobierno se comprometía a transferir un 24,33% para el pago de salarios, compuesto por un 21% en junio y otro 3% en octubre. También contemplaba una actualización del 20% en los gastos de funcionamiento y un aumento de los fondos destinados a hospitales universitarios.
Desde el CIN, sin embargo, aclararon que la firma de ese documento no implicaba abandonar el reclamo judicial. El organismo consideró que se trataba de un avance insuficiente frente al conjunto de obligaciones que, según las universidades, el Ejecutivo todavía mantiene pendientes.
Durante agosto y septiembre se realizaron nuevas reuniones entre representantes del Gobierno, universidades y sindicatos, pero no se alcanzó un acuerdo definitivo.
LA DISCUSIÓN POR LOS SALARIOS DOCENTES
El Ejecutivo también presentó ante la Justicia sus propios números sobre la evolución de los salarios universitarios.
La semana pasada, el Ministerio de Capital Humano afirmó que las remuneraciones docentes habían aumentado 226,80% entre diciembre de 2023 y junio de 2026.
El CIN cuestionó esa interpretación y sostuvo que el Gobierno solo había realizado una oferta salarial desde el comienzo de la gestión, correspondiente a junio, y que ni siquiera había completado su implementación.
Según los cálculos difundidos por las universidades, existe actualmente un desfasaje salarial del 35%.
El nuevo pronunciamiento de Cormick vuelve a colocar al Poder Ejecutivo frente a la obligación de cumplir una medida cautelar que permanece vigente y que ya fue respaldada por instancias judiciales superiores.
EL CONFLICTO UNIVERSITARIO SIGUE EN LAS CALLES
El fallo también se produce en un contexto de creciente tensión en las universidades nacionales. Desde el sector universitario advierten que el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno podría profundizar las dificultades financieras de las instituciones y afectar la evolución de los salarios.
Las universidades nacionales tienen previsto realizar paros escalonados durante las próximas semanas y avanzar hacia una nueva marcha federal universitaria el 15 de octubre.
El CIN sostiene que continuará reclamando el cumplimiento integral de la ley y ahora espera que el Gobierno responda a la intimación judicial dentro del plazo establecido.
