El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) suspendió ayer la emergencia presupuestaria declarada el pasado 10 de abril tras llegar a un acuerdo con el Gobierno nacional que garantiza el funcionamiento operativo de la institución. “Las sumas indicadas, si bien se encuentran por debajo del presupuesto óptimo para el funcionamiento pleno de la Universidad, posibilitan una programación presupuestaria, imposible hasta el momento”, explicaron desde el Consejo Superior en un comunicado de prensa.

En dos resoluciones emitidas por la Secretaría de Educación y firmadas por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, el Ministerio de Capital Humano otorgó refuerzos por 26.016 millones de pesos para gastos de funcionamiento y de 35.436 millones de pesos para “sostener los niveles de atención de la salud” de la UBA.

Fuentes de la Universidad aclararon que los nuevos fondos garantizados por el Gobierno están destinados “exclusivamente al funcionamiento operativo de esta institución” y que “continúa la preocupación por la cuestión salarial, investigación e infraestructura”.

La noticia fue confirmada por el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, en su cuenta de la red social X. «Gracias a que la sociedad se expresó con contundencia en defensa de las universidades públicas, el gobierno actualizó los gastos de funcionamiento de la UBA (aprox. 300%) para que no tenga que cerrar. Es un triunfo de todos los que apostamos a la educación para un mejor futuro», posteó el exdiputado radical.

Más allá de la situación de la UBA, la disputa por el financiamiento universitario continúa en el resto del país. Otras instituciones de educación superior -ya sea del AMBA o del interior nacional- no alcanzaron ningún arreglo con las autoridades y reclaman que se les transfiera el mismo nivel de fondos que la Universidad de Buenos Aires recibió.

Así lo comunicó el Consejo Interuniversitairo Nacional, en el que se detalla que «es inadmisible que se actualice el presupuesto solo para una universidad». El CIN exigió «un incremento igual» para todas las universidades públicas del país: «No aceptamos que haya estudiantes de primera y segunda».