8 noviembre, 2025
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La UCR suspendió a los diputados que apoyaron el veto de Milei

La Convención Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) suspendió a los diputados Mariano Campero, Martín Arjol, Luis Picat y Pablo Cervi, quienes dejarán de formar parte del bloque mientras dure la investigación que llevará adelante el Tribunal de Ética del partido. La sanción se tomó debido a que estos legisladores, tras haber votado a favor de la ley de movilidad jubilatoria, luego respaldaron el veto presidencial de Javier Milei a la norma, incumpliendo el mandato partidario.

En su comunicado, la Convención Nacional expresó: «Por los principios históricos de nuestro partido, esta Convención Nacional rechaza el veto presidencial». Además, los dirigentes radicales enfatizaron que «instamos de manera firme a los legisladores y legisladoras nacionales de la Unión Cívica Radical a expresarse con claridad» en oposición al veto, tanto en la opinión pública como en el Congreso.

El órgano partidario tomó la determinación de suspender la afiliación de los legisladores y elevar sus casos al Tribunal Nacional de Ética en virtud del artículo 53 de la carta orgánica partidaria, que lo faculta para denunciar “fallas en la conducta de los afiliados y dirigentes partidarios de todos los distritos cuando por su investidura lesionen la dignidad del partido”.

La medida alcanza a Mariano Campero, Martín Arjol, Luis Picat y Pablo Cervi. No afecta, en cambio, a José Federico Tournier, ya que pese a integrar el bloque de la UCR en la Cámara de Diputados no cuenta con una ficha de afiliación al partido.

La suspensión de los legisladores radicales incluye una revisión que será llevada a cabo por el Tribunal Nacional de Ética del partido, compuesto por Alicia Tate, Juan Pedro Tunessi y Ricardo Barrios Arrechea. Este tribunal evaluará la conducta de los diputados y definirá posibles sanciones finales.

Finalmente, el comunicado llamó a «preservar los valores de la Unión Cívica Radical hacia la dignidad de nuestros jubilados», reafirmando su compromiso con la protección de los derechos de los sectores más vulnerables, especialmente en un contexto de ajustes económicos.