El convenio se firmó en la Casa Rosada dos semanas antes de la salida al mercado de la criptomoneda. La investigación detectó transferencias por más de un millón de dólares y pagos previstos a la firma del empresario. La Justicia analiza posibles delitos.

A un año del polémico lanzamiento del token $Libra, se conoció un documento reservado que vincula directamente al presidente Javier Milei con el empresario cripto estadounidense Hayden Davis. El acuerdo, revelado por Clarín, fue firmado el 30 de enero de 2025 en la Casa Rosada, apenas dos semanas antes de que la criptomoneda comenzara a cotizar.

El texto designaba a Davis como asesor ad honorem en tecnologías blockchain e inteligencia artificial para el Estado argentino. Según el convenio, debía colaborar en proyectos de digitalización, contratos inteligentes y desarrollo de iniciativas Web3, incluso con la idea de crear una eventual “moneda de la libertad”.

Sin embargo, la investigación parlamentaria y judicial puso el foco en los movimientos financieros que rodearon la firma. Ese mismo día, dos billeteras digitales atribuidas al empresario transfirieron 1.014.000 USDC —un equivalente al dólar cripto— a un intermediario jubilado. El dinero fue redirigido en pocas horas a una presunta “cueva cripto”, un circuito que ahora está bajo sospecha.

Las transferencias ocurrieron apenas 15 días antes del lanzamiento de $Libra. El token llegó a cotizar cerca de 5 dólares y se desplomó en menos de una hora, lo que dejó miles de inversores damnificados.

Además, la Comisión Investigadora del Congreso detectó coincidencias entre esos movimientos y un borrador previo del acuerdo. Ese documento contemplaba un pago inicial de 300 mil dólares y cuotas mensuales de 250 mil dólares para que la empresa de Davis, Kelsier Ventures, obtuviera representación oficial en proyectos tecnológicos del Estado.

En medio del escándalo, Milei había mostrado públicamente su cercanía con Davis en redes sociales, pero luego eliminó esas publicaciones tras las denuncias de estafa y aseguró desconocer los detalles operativos del proyecto. Paralelamente, la firma KIP Protocol, vinculada al lanzamiento, admitió que el comunicado que desligaba al Presidente fue redactado por lobbistas cercanos al Gobierno.

El fiscal Eduardo Taiano encabeza la investigación para determinar si existieron delitos financieros o irregularidades contractuales. Mientras tanto, el documento firmado sostiene que el asesoramiento sería gratuito y sin contraprestación económica, aunque los movimientos de dinero detectados contradicen esa versión.

El caso vuelve a poner bajo la lupa el vínculo entre el Gobierno y el ecosistema cripto, y abre interrogantes sobre la transparencia de los acuerdos firmados en la previa del lanzamiento de $Libra.