La confirmación de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Fernández de Kirchner generó un amplio repudio de parte de líderes latinoamericanos, quienes denunciaron una ofensiva judicial con motivaciones políticas contra la exmandataria.

Desde Bolivia, el presidente Luis Arce expresó su respaldo a Cristina Kirchner al señalar que existe un “evidente uso de la justicia como herramienta para socavar las fuerzas de izquierda y del campo nacional popular”. A ese apoyo se sumó el expresidente Evo Morales, quien calificó la condena como injusta y habló de un “golpe judicial” ejecutado por “jueces serviles a las oligarquías”.

En Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel reafirmó su “invariable apoyo” a la expresidenta argentina. En un mensaje difundido en sus redes sociales, denunció que se trata de un nuevo caso de judicialización de la política en América Latina. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, también se expresó en la misma línea y calificó la condena como “un acto de venganza y amenaza” hacia los líderes progresistas de la región.

El expresidente ecuatoriano Rafael Correa, también condenado por corrupción en su país y asilado en Bélgica, expresó su rechazo con un mensaje directo: “¡Fuerza, Cristina! ¡Fuerza, Argentina! ¡Basta de lawfare!”. Correa ha sido uno de los principales impulsores de la teoría que denuncia la utilización del sistema judicial para perseguir a referentes de gobiernos populares en América Latina.

Los mensajes coincidieron en la crítica al fallo de la Corte Suprema de Justicia argentina, que confirmó la sentencia en la causa Vialidad, y reavivaron el debate regional sobre el fenómeno del lawfare y la presunta instrumentalización de la justicia con fines políticos.