Un informe de la organización Fundar reveló un dato alarmante: más de 6400 barrios populares quedaron sin políticas públicas de integración socio urbana durante la gestión de Javier Milei. La inversión estatal en los primeros nueve meses del año fue de apenas 4,2 millones de dólares, equivalente al 0,2% de lo necesario para sostener los programas básicos.

Según el relevamiento, en estos 6467 barrios, donde viven más de 5,3 millones de personas, el acceso a servicios esenciales es crítico. El 92% no cuenta con conexión formal al agua, el 98% carece de red de gas, el 97% no posee cloacas y el 66% depende de electricidad irregular. Estos indicadores incluso empeoraron durante el segundo trimestre, según datos del Indec.

La situación se agravó tras la eliminación del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) mediante el Decreto 312/25, lo que desfinanció por completo programas que, entre 2016 y 2023, habían permitido obras de infraestructura en más de 1300 barrios, miles de mejoramientos habitacionales y la regulación del acceso a la tierra.

La mayor parte de la población afectada vive en la provincia de Buenos Aires, que concentra el 47,6% de los barrios populares. Junto con Santa Fe, CABA, Misiones y Chaco, superan el 70% del total de habitantes en situación crítica. Fundar advierte que para cerrar la brecha estructural se requieren 27.000 millones de dólares durante los próximos 12 años.

El informe propone retomar un plan nacional de infraestructura que incluya la garantía de la tenencia, nuevas formas de financiamiento —desde inversiones del FGS hasta contribuciones provinciales y municipales— y estrategias alternativas para asegurar derechos básicos sin depender exclusivamente de la escritura tradicional.