El Gobierno nacional confirmó que no aplicará la Ley de Financiamiento Universitario en 2026, pese a haber sido aprobada por el Congreso y a los reiterados reclamos de la comunidad académica. La decisión fue comunicada durante la reunión de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados por el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

Según los funcionarios, el Ejecutivo mantendrá una “política de inversión focalizada” en lugar de aplicar los parámetros de financiamiento establecidos por ley. Torrendell sostuvo que “aumentar el gasto estatal no es suficiente para mejorar la educación” y defendió un modelo de “menor gasto y mayor eficiencia en la inversión”.

En ese marco, el Gobierno anunció que las universidades nacionales recibirán $4,8 millones adicionales en 2026, sumados al incremento del 270% otorgado en 2024 y al 20% aplicado durante 2025. Según Torrendell, esos recursos garantizarán “el funcionamiento y las necesidades operativas” del sistema universitario.

Por su parte, Álvarez desestimó las denuncias sobre un “ajuste encubierto” y habló de una “campaña del miedo”. “No cerró ninguna universidad ni hubo un éxodo docente”, afirmó, asegurando que el número de profesores incluso creció respecto al año pasado.

En cuanto a la Ley de Financiamiento Universitario, ambos funcionarios argumentaron que su implementación “sería ilegal” porque no cuenta con una fuente de recursos definida. Torrendell ironizó: “Por más que el Parlamento vote por derogar la ley de gravedad, la gravedad sigue existiendo”.