El gobierno de Javier Milei dio este miércoles un paso más en su deriva negacionista y eliminó la Unidad Especial de Investigación que tenía por objetivo encontrar a los nietos secuestrados por la dictadura cívico-militar que tanto venera la vicepresidenta Victoria Villarruel. Así quedó plasmado en el Decreto 727/2024 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas del presidente de Milei y el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona.

El gobierno justifica la medida alegando que la unidad tenía “acceso directo e irrestricto a información y documentación en poder de organismos públicos, lo cual es una potestad exclusiva del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal”. Según el gobierno, estas herramientas “violentan nuestro régimen constitucional”.

En su argumentación, el gobierno sostiene que es el Ministerio Público Fiscal quien debe llevar adelante las investigaciones judiciales y que, por esta razón, se creó dentro de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad una “Unidad especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado”.

Para el gobierno de Milei, el “derecho a la intimidad” prevalece sobre la búsqueda de los niños secuestrados, un delito que continúa afectando a cientos de personas que desconocen su verdadera identidad. El decreto sostiene que la Unidad Especial de Investigación vulneraba principios constitucionales, como el artículo 43, que protege el derecho a la intimidad, afirmando que cualquier intervención en este derecho solo puede realizarse bajo una orden judicial específica y fundada.

Lo concreto es que el gobierno libertario derogó el Decreto 715 del año 2004. Esa norma, firmada por Néstor Kirchner, creó una unidad especial de investigación dentro de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) instaurada por una Ley del Congreso. Dicha unidad estaba especialmente dedicada a investigar «la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado».