El Gobierno oficializó el nombramiento de 47 jueces, fiscales y defensores que ya habían sido aprobados por el Senado, pero decidió no avanzar con la designación de María Verónica Michelli, cuyo pliego quedó congelado por decisión del Poder Ejecutivo.

El presidente Javier Milei firmó los decretos para designar a 47 jueces, fiscales y defensores oficiales que ya contaban con el acuerdo del Senado, en una medida destinada a cubrir parte de las vacantes que arrastra el Poder Judicial desde hace años.

Sin embargo, la decisión quedó envuelta en la polémica luego de que el Gobierno resolviera excluir de la nómina a María Verónica Michelli, cuyo pliego había sido aprobado por la Cámara alta junto al resto de los candidatos.

Michelli, quien cuenta con más de tres décadas de trayectoria en la Justicia Federal y actualmente se desempeña como secretaria del Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata, quedó fuera del decreto presidencial pese a haber superado todas las instancias del proceso de selección.

La decisión se produjo luego de que la Casa Rosada solicitara retirar su pliego al conocerse que es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, uno de los principales investigadores de casos de corrupción y uno de los críticos más frecuentes del Gobierno nacional.

Si bien la Constitución establece que el Presidente debe firmar el decreto para que una designación judicial quede formalizada, el Poder Ejecutivo optó por no avanzar con el nombramiento de Michelli, lo que en la práctica mantiene vacante ese cargo.

El episodio generó cuestionamientos debido a que la magistrada había sido propuesta originalmente durante la gestión de Mauricio Macri y posteriormente obtuvo el respaldo del Senado tras atravesar el procedimiento previsto para este tipo de designaciones.

Con la publicación de los decretos, el Gobierno avanzó en la incorporación de jueces, fiscales y defensores en distintos tribunales federales y nacionales del país, buscando reducir el elevado número de vacantes que actualmente funcionan mediante subrogancias.

La exclusión de Michelli, sin embargo, terminó concentrando la atención política y reabrió el debate sobre la independencia judicial y los criterios utilizados por el Poder Ejecutivo para completar las designaciones.