El Presidente adelantó que el Gobierno trabaja en un proyecto inspirado en el sistema de Estados Unidos para impedir que el Estado continúe gastando cuando se agoten las partidas presupuestarias. La iniciativa forma parte de una reforma más amplia que también apunta al Banco Central.

El presidente Javier Milei confirmó que el Gobierno nacional trabaja en un proyecto para implementar un mecanismo de «shutdown» que limite el funcionamiento del Estado cuando se agoten las partidas presupuestarias autorizadas.

Durante una entrevista, el mandatario explicó que la iniciativa toma como referencia el sistema vigente en Estados Unidos, donde la falta de financiamiento obliga a suspender parte de las actividades de la administración pública hasta que se apruebe un nuevo presupuesto.

«Estamos trabajando en el armado del shutdown del Poder Ejecutivo», afirmó Milei, al tiempo que sostuvo que el objetivo es impedir que el Estado continúe gastando una vez consumidos los recursos previstos. «Cuando se agota el presupuesto no se puede gastar más y se apaga el Estado», resumió.

El anuncio fue realizado mientras el Presidente explicaba la reforma que impulsa para la Carta Orgánica del Banco Central. En ese marco, reiteró su intención de prohibir que la autoridad monetaria financie al Tesoro y aseguró que la emisión para cubrir el gasto público debería ser sancionada penalmente.

El modelo mencionado por Milei tiene como antecedente el funcionamiento del gobierno federal estadounidense. Allí, cuando el Congreso no aprueba las partidas presupuestarias, numerosos organismos suspenden actividades consideradas no esenciales hasta que se restablece el financiamiento.

Uno de los casos más recordados ocurrió entre fines de 2018 y comienzos de 2019, durante la primera presidencia de Donald Trump, cuando un desacuerdo presupuestario provocó un cierre parcial del gobierno durante 35 días, afectando a cientos de miles de empleados públicos y distintos servicios federales.

En Argentina, un mecanismo similar requeriría modificaciones legales, ya que la normativa vigente establece que, si el Congreso no aprueba un nuevo presupuesto, continúa rigiendo el correspondiente al ejercicio anterior con las adecuaciones previstas por la legislación.

La propuesta del Gobierno buscaría modificar ese esquema para impedir que el Poder Ejecutivo siga comprometiendo gastos una vez agotadas las partidas presupuestarias, aunque todavía no se conocieron detalles del proyecto ni las excepciones que podrían contemplarse para garantizar la continuidad de los servicios esenciales.