La Justicia dio un nuevo revés al gobierno libertario al fallar a favor del municipio de Morón, dirigido por el intendente de Unión por la Patria, Lucas Ghi. El fallo se produjo en el marco de la disputa sobre el cobro de tasas municipales en las facturas de luz y gas, una medida que había sido prohibida por Luis Caputo, ministro de Economía de Javier Milei.

Semanas atrás, Caputo ordenó al ENRE y a la Secretaría de Comercio prohibir a las empresas de energía y gas incluir en sus facturas el costo del alumbrado público, un cargo que tradicionalmente gestionaban junto a los municipios. En respuesta, el municipio de Morón, al igual que otros, solicitó una medida cautelar, y la Justicia falló a su favor, permitiendo que el cobro continúe figurando en las facturas de EDENOR hasta que se resuelva la cuestión de manera definitiva.

“Es una buena noticia porque, de sostenerse la medida de Javier Milei, se generaría un problema financiero y económico grave para los municipios”, expresaron desde la gestión de Lucas Ghi, remarcando la importancia de la decisión judicial para las finanzas locales.

«Los fondos recaudados por aplicación de las citadas tasas son utilizados para sostener y mantener el alumbrado público y el servicio eléctrico brindado a los distintas instituciones y edificios municipales como así también, el costo de las inspecciones efectuadas a las redes de circulación y suministro de gas natural, cuyo mantenimiento y buen estado resulta esencial dada su peligrosidad», señala el fallo de la jueza.

Así consideró configurados los extremos de procedencia de una medida cautelar interina «dado las graves y objetivamente impostergables circunstancias que enmarcan la presente acción de amparo, ya que, de no hacerse lugar a la medida, implicaría un grave perjuicio para el Municipio actor».

El fallo a favor de Morón fortalece la posición de los municipios en esta disputa legal, evidenciando el impacto negativo que la medida de Caputo podría tener en las finanzas locales. Mientras se espera la resolución definitiva, muchos municipios mantienen la esperanza de revertir la prohibición y asegurar la continuidad de sus servicios públicos.