La funcionaria Belén Agudiez dejó su cargo luego de que una denuncia judicial incorporara documentación sobre supuestas irregularidades en las compras de la Quinta de Olivos. La presentación sostiene que alimentos adquiridos con fondos públicos podrían haber terminado en un emprendimiento de catering vinculado a su familia.

La situación en la Quinta de Olivos sumó una nueva derivación judicial con la salida de María Belén Agudiez, quien se desempeñaba como subsecretaria de Planificación General de la Presidencia y mantenía una relación cercana con Karina Milei. Su renuncia quedó formalizada mediante el decreto 1055/2026, en medio de una investigación que analiza posibles irregularidades en contrataciones y compras realizadas para la residencia presidencial.

El expediente incorporó nuevas presentaciones de la diputada Marcela Pagano, quien amplió ante la Justicia Federal una denuncia por presunta malversación. La causa tramita en el juzgado federal 12, subrogado por Julián Ercolini, con intervención del fiscal Eduardo Taiano.

La nueva documentación apunta, entre otros aspectos, a un supuesto circuito mediante el cual bienes adquiridos por organismos públicos podrían haber sido utilizados por un emprendimiento privado de catering relacionado con familiares de funcionarios que tenían responsabilidades dentro de Olivos.

CARNE, EMBUTIDOS Y OTROS ALIMENTOS BAJO LA LUPA

Uno de los puntos centrales de la presentación judicial está relacionado con las compras de alimentos para la Casa de Gobierno y la residencia presidencial.

De acuerdo con la documentación incorporada a la causa, una licitación contemplaba la adquisición de 29.505 kilos de carne vacuna, pollo, cerdo, achuras y pescado durante seis meses. Del total, 20.370 kilos estaban destinados a la Casa de Gobierno y otros 9.135 kilos a la Quinta de Olivos.

La denuncia sostiene que parte de esos productos, particularmente cortes de mayor valor, podrían haber sido desviados hacia “Pancitos Caseros”, un servicio privado de catering operado por Analía Agudiez, hermana de la exfuncionaria, y su pareja, Osvaldo Javier Sosa.

Sosa también había ocupado un cargo dentro de la residencia presidencial como intendente de Olivos y fue desplazado en medio de las denuncias.

La presentación judicial pone el foco además en el funcionamiento del mecanismo de compras. Según Pagano, las áreas que intervenían en la determinación de las cantidades también participaban en la recepción de los productos y la tramitación de las facturas, sin que los pliegos establecieran controles específicos sobre el consumo efectivo o el destino final de los alimentos.

La hipótesis planteada ante la Justicia es que una parte de las provisiones adquiridas con dinero estatal habría terminado en actividades comerciales privadas, donde podrían haber sido utilizadas para eventos y servicios de terceros.

PERSONAL DE OLIVOS Y EL CATERING

Otro elemento presentado por Pagano son pólizas de seguros emitidas en marzo de 2024. Según la denuncia, allí aparecen trabajadores civiles de la Casa Rosada y el propio Sosa registrados como personal vinculado a tareas de catering de la empresa familiar.

La presentación sostiene que empleados de la residencia presidencial habrían realizado tareas para el emprendimiento privado, lo que llevó a la denunciante a plantear la posible existencia de un esquema de utilización de recursos y personal estatal en beneficio de una actividad particular.

La Justicia deberá determinar si existió efectivamente ese circuito, qué cantidad de bienes habría sido involucrada y quiénes tuvieron responsabilidad en las decisiones administrativas.

OTROS CONTRATOS QUE TAMBIÉN SON INVESTIGADOS

La denuncia ampliada no se limita a la compra de alimentos. También incorpora otros episodios que, según Pagano, deberían ser revisados por la Justicia.

Entre ellos aparece la contratación del servicio de jardinería de Olivos, que habría quedado vinculada a Franco Castelli, señalado en la presentación como socio comercial de integrantes de la familia Agudiez.

También se mencionan adquisiciones directas de carritos de golf Melex y contrataciones relacionadas con aromatizantes ambientales de la marca Saphirus, comercializados en el sector privado por la propia Belén Agudiez.

La legisladora también había denunciado previamente contrataciones por más de 600 millones de pesos realizadas a nombre de un jubilado de más de 80 años. Según la documentación aportada, esa persona viviría en un barrio de bajos recursos y no tendría bienes o ingresos compatibles con las operaciones atribuidas a su nombre.

La presentación sostiene que podría tratarse de la utilización de un prestanombre para canalizar contrataciones estatales, aunque estas circunstancias deberán ser determinadas durante la investigación judicial.

LA RENUNCIA DE AGUDIEZ Y LA REORGANIZACIÓN DE OLIVOS

La salida de Agudiez se produjo pocos días después de que el Gobierno resolviera desplazar al personal civil de la Quinta de Olivos y trasladar las funciones de seguridad y administración a Casa Militar.

La medida había sido presentada oficialmente como una reorganización de la residencia presidencial, pero quedó bajo cuestionamiento luego de que trascendieran las denuncias sobre las contrataciones y compras.

En ese contexto, Pagano vinculó los desplazamientos con el escándalo y planteó que el cambio de estructura podría haber servido para reducir la exposición de los funcionarios involucrados.

La diputada también cuestionó la concentración de las tareas de control de la residencia en Casa Militar y sostuvo que el nuevo esquema incrementa el control sobre los accesos y movimientos dentro de Olivos.

BORRARON LAS REDES DE “PANCITOS CASEROS”

Tras la salida de Agudiez, también desaparecieron de las redes sociales los perfiles vinculados a “Pancitos Caseros”, un emprendimiento que, según la denuncia, tenía entre sus contactos comerciales el teléfono de la ahora exfuncionaria.

La desaparición de esos registros digitales se produjo mientras la Justicia analiza la documentación incorporada a la causa.

Por ahora, las denuncias constituyen hipótesis que deberán ser corroboradas en el expediente. El avance de la investigación tendrá que establecer si existió un desvío de bienes públicos hacia el catering privado, si hubo utilización de personal estatal para tareas particulares y qué funcionarios pudieron haber intervenido en las contrataciones cuestionadas.