Las empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) advirtieron que si en los próximos meses no reciben un aumento en el boleto o más subsidios, el acuerdo firmado recientemente con la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que desactivó el paro previsto para la semana pasada, quedará en riesgo. La solicitud de mejoras en las condiciones operativas fue dirigida al Gobierno nacional, la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires.
Según un comunicado emitido por las cámaras AAETA, CEAP, CEUTUPBA y CTPBA, el acuerdo salarial con la UTA fue posible bajo el compromiso de que las tarifas o los subsidios no permanecerán congelados hasta enero. «Hemos priorizado la paz social y evitado un daño mayor a los usuarios, pero de otra forma será imposible pagar los salarios acordados o cubrir los insumos necesarios para mantener el servicio«, señalaron.
Impacto de la paritaria y la inflación
El acuerdo paritario con la UTA establece que los conductores de colectivos recibirán un salario básico de $1.140.000 en noviembre, con un aumento a $1.200.000 en enero. Este convenio fue aprobado por la Secretaría de Trabajo, permitiendo la suspensión de la huelga, aunque las empresas sostienen que sus costos se ven afectados por la falta de ajustes en subsidios o tarifas en un contexto de inflación persistente, que ronda entre el 3% y 4% mensual.
Además, las cámaras destacaron que las tres autoridades responsables del AMBA conocen los costos operativos y deberían considerar un ajuste en las compensaciones, que actualmente cubren la diferencia entre el costo real del servicio y el pasaje que abonan los usuarios.
Subsidios y tarifas en revisión
El boleto mínimo en el AMBA aumentó de $53 a $371 desde diciembre pasado, una suba del 600%. A pesar de este incremento, las transferencias en subsidios solo aumentaron un 78%, mientras que la inflación anual acumulada alcanza el 193%. El Gobierno analiza ahora un cambio en el sistema de subsidios, orientándolo hacia la demanda en lugar de la oferta.
Las empresas sostienen que, sin una intervención del Estado, será insostenible cumplir con los compromisos salariales y garantizar el servicio, lo que podría derivar en nuevos conflictos en el corto plazo.