El fiscal federal Gerardo Pollicita ha decidido dar un paso crucial en la investigación del patrimonio del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, exvocero de Javier Milei, al ampliar el período de indagación hasta 1998 y ordenar el acceso judicial a las ocho billeteras virtuales de bitcoin que Adorni asegura haber usado durante al menos cuatro años para justificar un abrupto incremento de sus recursos financieros.
El escenario que rodea a la causa no solo pone en jaque la verosimilitud de las explicaciones del exfuncionario libertario, sino que también expone las tensiones existentes en torno a las lagunas regulatorias y la complejidad técnica que implica la investigación de activos digitales en el sistema judicial argentino.
Un patrimonio bajo sospecha
Manuel Adorni había declarado en 2023 que contaba con unos 200.000 dólares heredados y fruto de su actividad profesional antes de invertirlos en bitcoin a partir de 2014, logrando multiplicar ese capital hasta alcanzar cerca de 600.000 dólares. Según señalan sus defensores, ese dinero fue resguardado fuera del circuito bancario en efectivo y en su vivienda, adoptando un estilo de vida austero hasta que asumió funciones públicas.
Sin embargo, una vez en el Estado comenzó a realizar gastos importantes, incluidos 175.000 dólares en remodelaciones de una casa en el country Indio Cuá, según su versión, cifra que contrasta con los 245.000 dólares registrados por el contratista, sumados a viajes y consumos de lujo financiados en efectivo y con tarjetas.
La apuesta del fiscal y las dificultades de la prueba digital
La decisión de Pollicita de extender la investigación hasta la mayoría de edad de Adorni responde a la necesidad de reconstruir el hilo financiero desde el posible origen del capital declarado, indagando también la eventual participación de su esposa, Bettina Angeletti, desde 2000. La justicia ordenó el levantamiento del secreto fiscal para ambas partes e inició el rastreo exhaustivo en organismos como ARCA, ANSES, registros de propiedad y entes regulatorios.
En este marco, el epicentro de la controversia gira en torno a las ocho billeteras virtuales que Adorni afirmó haber utilizado para realizar operaciones criptográficas desde 2014 hasta 2018. Aunque aportó un informe técnico forense y entregó las claves privadas en sobres lacrados a la fiscalía, expertos señalaron que demostrar acceso actual no implica una titularidad probada ni acredita que esas wallets hayan sido suyas en los períodos de operación.
El programador y analista Maximiliano Firtman advierte que aceptar la prueba sin más abre un precedente delicado y puede facilitar maniobras de lavado mediante la compraventa de billeteras antiguas, poniendo en evidencia los desafíos que aún enfrenta el derecho frente a la irrupción de nuevas tecnologías.
Contradicciones y tensiones políticas detrás de la causa
Además, la diputada Marcela Pagano presentó un análisis crítico señalando incoherencias en el relato de Adorni sobre la compra-venta “cara a cara” y anónima de bitcoin con desconocidos, subrayando registros de movimientos en diversas billeteras y horarios que contradicen esa hipótesis e invitan a explorar vínculos financieros más opacos y menos transparentes, además de posibles evasiones fiscales.
Este entramado no puede entenderse al margen del contexto político: la causa involucra a un referente cercano a la derecha libertaria y con nexos en cabeceras polémicas, situando la investigación en una tensión entre la exigencia de transparencia y el intento de preservar espacios de opacidad.
Pollicita, con la anuencia del juez Ariel Lijo, solicitó además un cruce de datos en migraciones, registros patrimoniales y laborales, ampliando la lupa fiscal y judicial para encontrar rupturas en el relato oficial. Queda por verse si este enfoque integral logrará develar con claridad el origen y destino de varios cientos de miles de dólares cuyo origen legítimo sigue siendo discutido.
La investigación sobre las finanzas del exfuncionario pone al descubierto las limitaciones institucionales a la hora de controlar nuevas formas de capitalización personal y plantea preguntas sobre cómo se fiscalizan y regulan las monedas digitales en un país signado por altas cifras de informalidad y evasión.
