Los concejales de Crear Más Libertad, Cecilia Martínez y Emiliano Recalt, presentaron un proyecto para derogar la Ordenanza Nº 25029 que prohíbe las franquicias inmobiliarias. Dicha normativa no sólo impide la apertura de inmobiliarias que eligen contratar servicios complementarios de las diferentes marcas de franquicias inmobiliarias, sino que también multa a los ciudadanos que las escogen para comercializar sus propiedades.

Según el proyecto presentado, se argumenta que las inmobiliarias tradicionales contaban con colaboradores llamados dateros, asesores o vendedores, cuya función era acercar clientes y generar negocios. Sin embargo, en la actualidad, muchas inmobiliarias también contratan agentes inmobiliarios, quienes tienen un perfil más dinámico y proactivo, buscando crecimiento económico y desarrollo personal.

La demanda de agentes inmobiliarios ha aumentado significativamente, convirtiéndose en el principal factor de crecimiento para las inmobiliarias. Por otro lado, se destaca que las franquicias, licencias o marcas comerciales brindan servicios adicionales y complementarios que benefician a los consumidores, al acceder a un servicio de mayor calidad.

Según la legislación nacional, no existen restricciones específicas para la publicidad inmobiliaria realizada por corredores. A nivel provincial, se menciona que la Ley 10.976 de la Provincia de Buenos Aires permite la publicidad en todos sus aspectos, siempre y cuando se incluyan los datos del corredor matriculado.

En este sentido, la presidenta del bloque Crear Más Libertad, dijo que actualmente en el mercado «conviven entre corredores y martilleros que trabajan con nombres de franquicias o en inmobiliarias tradicionales» y dejó especialmente claro que detrás de las inmobiliarias que contratan los servicios de las empresas de franquicias «hay corredores responsables debidamente matriculados en el colegio de martilleros que pagan su matrícula y que dan trabajo igual que cualquier inmobiliaria».

El proyecto propuesto por los concejales Mileistas busca derogar la Ordenanza nro. 25.029 con el objetivo de fomentar el crecimiento del mercado inmobiliario, promover la libertad de industria y comercio, y garantizar el derecho constitucional al trabajo. Además, se enfatiza que esta medida permitiría a los profesionales del sector contar con herramientas y tecnologías de vanguardia utilizadas en otros países.