Patricia Bullrich intentó reabrir la discusión sobre la derogación de las leyes de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad, pero los bloques dialoguistas rechazaron cualquier modificación al proyecto de Presupuesto 2026.

El Gobierno nacional continúa sin encontrar una salida política tras el revés sufrido en la Cámara de Diputados, donde la oposición eliminó por completo el Capítulo XI del proyecto de ley de Presupuesto 2026, que incluía la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad. En el Senado, la situación volvió a tensarse luego de que los aliados del oficialismo rechazaran nuevamente introducir cambios en ese tramo del texto.

La encargada de encabezar las gestiones fue Patricia Bullrich, recientemente ungida como principal referente del oficialismo en la Cámara alta. Durante una reunión virtual realizada este domingo con jefes de bloque, la dirigente volvió a plantear el pedido de la Casa Rosada para modificar el proyecto y revertir el impacto fiscal que, según el Gobierno, implica sostener ambas leyes.

Sin embargo, la respuesta de los bloques dialoguistas fue clara y negativa. “No hay forma de que aceptemos esos cambios. Además, abrir el Presupuesto a modificaciones tampoco le conviene al Gobierno porque le abriría la puerta al kirchnerismo para impulsar nuevas alteraciones”, fue la síntesis de la postura que recibió Bullrich durante el encuentro, que se extendió por más de una hora.

Del intercambio participaron, además de Bullrich, los presidentes de los bloques radical, Eduardo Vischi; del PRO, Martín Goerling; de Provincias Unidas, Carlos “Camau” Espínola; y representantes de fuerzas provinciales como Edith Terenzi, Natalia Gadano, Flavia Royón, Julieta Corroza y Beatriz Ávila.

Desde el Ejecutivo insisten en que la eliminación del capítulo dispuesto por Diputados rompe el equilibrio fiscal que el presidente Javier Milei considera central para su gestión. Según cifras oficiales expuestas por el ministro del Interior, Diego Santilli, el costo fiscal de sostener las leyes vetadas y luego insistidas por el Congreso superaría los 7.000 millones de pesos.

Aun así, los senadores dialoguistas advirtieron que reabrir el texto cuando el proyecto llegue al recinto el próximo viernes implicaría riesgos políticos mayores, al habilitar un escenario de renegociación general que podría derivar en más concesiones forzadas al kirchnerismo.

Bullrich ya había intentado una estrategia similar días atrás, cuando celebró la firma del dictamen del Presupuesto junto al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Ezequiel Atauche. Ese despacho, que se debatirá en el recinto, mantiene el texto tal como salió de Diputados y fue respaldado casi por unanimidad por la oposición dialoguista y por el PRO, aunque este último en disidencia parcial.

Con el kirchnerismo fuera de las comisiones en señal de protesta por la falta de representación, el oficialismo enfrenta ahora un escenario adverso: sin margen para reintroducir los cambios que pretende y con aliados que, al menos por ahora, se niegan a acompañar una marcha atrás en uno de los puntos más sensibles del Presupuesto.