El proyecto enviado por el Gobierno al Congreso vuelve a priorizar el equilibrio fiscal y plantea cambios que impactan sobre prestaciones por discapacidad, financiamiento universitario, organismos científicos y asignaciones sociales. Distintos sectores advierten que las partidas previstas quedan por debajo de las necesidades y de los niveles de años anteriores.

El Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno nacional vuelve a colocar el equilibrio fiscal como uno de los principales ejes de la política económica y, al mismo tiempo, proyecta nuevas restricciones para áreas sensibles como discapacidad, educación superior, ciencia y asistencia social.

El proyecto contempla para el próximo año un crecimiento del PBI del 4 %, una inflación estimada en 18 % y un tipo de cambio de $1.847,6 por dólar hacia fin de 2027. Las previsiones oficiales llegan luego de que las estimaciones para 2026 quedaran rápidamente desactualizadas: el Ejecutivo había calculado una inflación anual de 10,1 %, mientras que durante los primeros ocho meses del año el acumulado ya alcanzó el 21,3 %.

En ese marco, el texto presupuestario propone modificaciones que generan cuestionamientos entre organizaciones, universidades y representantes de los sectores alcanzados.

DISCAPACIDAD: CAMBIOS EN PRESTACIONES Y PENSIONES

Uno de los capítulos más sensibles está vinculado con el sistema de discapacidad. El proyecto elimina el mecanismo de actualización mensual y automática de los aranceles de las prestaciones, que actualmente toma como referencia la evolución de los precios.

La iniciativa plantea, además, modificar el esquema del nomenclador de prestaciones básicas. Según el texto, dejaría de existir un valor universal de los aranceles y cada prepaga u obra social podría establecer sus propios valores y modalidades de financiamiento, siempre respetando un piso mínimo de prestaciones.

La actualización de los pagos dejaría de ser mensual y pasaría a una modalidad trimestral y discrecional.

El proyecto también introduce cambios en el régimen de pensiones por invalidez. Entre ellos aparece el reemplazo del Certificado Único de Discapacidad como herramienta para acceder a esas pensiones y una modificación de los criterios para determinar quién puede recibirlas.

Otro punto cuestionado es la incompatibilidad propuesta entre la pensión y el trabajo formal. Mientras que actualmente existen condiciones bajo las cuales una persona puede conservar el beneficio y trabajar en relación de dependencia o como monotributista, la iniciativa establece que una incorporación al empleo formal o un alta tributaria podría provocar la extinción de la pensión.

Organizaciones vinculadas con el sector sostienen que estas modificaciones implicarían un regreso a una concepción centrada exclusivamente en la condición médica de la persona, en lugar de contemplar también las barreras sociales y del entorno, en línea con el enfoque establecido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.

UNIVERSIDADES: UNA DIFERENCIA DE $4 BILLONES

El financiamiento universitario también aparece entre los principales puntos de conflicto.

El proyecto establece $7,3 billones para las universidades durante 2027, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) había calculado que el sistema necesita aproximadamente $11 billones para el próximo año.

La diferencia alcanza, de este modo, unos $4 billones.

El rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del CIN, Franco Bartolacci, cuestionó el monto previsto y afirmó que la propuesta profundiza el desfinanciamiento del sistema.

“Está muy lejos de lo que las universidades requerimos para funcionar bien”, señaló Bartolacci, quien remarcó la distancia entre los recursos solicitados y los contemplados en el proyecto.

El cálculo elaborado por el CIN incluye salarios de docentes y no docentes, recomposición salarial prevista por la legislación vigente, investigación, equipamiento, hospitales universitarios y becas, entre otros gastos.

Según un informe del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP), el financiamiento universitario registra una caída del 25 % respecto del presupuesto de 2023. El organismo señaló que parte de las partidas pueden mostrar incrementos frente a 2026 debido al fuerte ajuste acumulado en los años anteriores, pero continúan por debajo de los niveles de 2023.

El conflicto se suma a la disputa por la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso, vetada por el presidente Javier Milei y posteriormente ratificada por el Parlamento. Las universidades también cuestionan la falta de actualización de los salarios docentes y no docentes de acuerdo con la inflación acumulada.

Los gremios sostienen que la pérdida del poder adquisitivo supera el 30 %, mientras que en la última reunión paritaria el Gobierno ofreció un aumento del 3 %.

También continúan los cuestionamientos por los recursos destinados al funcionamiento cotidiano de las instituciones y por el congelamiento de las becas estudiantiles.

Bartolacci advirtió que las universidades ya están reduciendo actividades y recursos para poder sostenerse y consideró que una nueva profundización del ajuste colocaría al sistema ante mayores dificultades.

MENOS RECURSOS PARA CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El sector científico y tecnológico también aparece entre los organismos que recibirían recursos por debajo de la inflación proyectada.

Para la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) se prevé un incremento nominal de apenas 0,2 % respecto de 2026, lo que representa una disminución en términos reales si se tiene en cuenta la inflación estimada para 2027.

La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), en tanto, tendría una reducción nominal del 6,6 % frente al presupuesto de este año.

En el CONICET, las partidas pasarían de $743.681 millones en 2026 a $824.539 millones en 2027, una suba nominal del 10,9 %, inferior a la inflación proyectada por el propio Gobierno.

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) recibiría $4.712 millones menos que en 2026. En términos nominales, la reducción supera el 5 %, mientras que al considerar la inflación la caída real sería superior al 19 %.

El panorama también alcanza al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Su presupuesto pasaría de $360.124 millones a $315.538 millones, una reducción nominal del 12,4 % que representa una caída real estimada en 25,8 %.

El físico y miembro del Directorio del CONICET Jorge Aliaga cuestionó el nivel de financiamiento previsto para el sector y señaló que la falta de recursos afecta especialmente a los proyectos de investigación.

Aliaga también señaló el impacto de los salarios sobre los trabajadores científicos y advirtió que la situación resulta particularmente compleja para los investigadores jóvenes.

EL CAMBIO QUE AFECTARÍA A LA AUH

Otro de los puntos incluidos en el proyecto está relacionado con las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH).

La iniciativa propone derogar tres artículos del régimen establecido por la Ley 27.160, sancionada hace una década y vinculada con la movilidad de estas prestaciones.

La normativa vigente establece mecanismos para que los montos de las asignaciones evolucionen en función de la inflación. El cambio planteado por el Ejecutivo eliminaría ese mecanismo automático.

La modificación podría alcanzar a la AUH, la asignación por embarazo y las asignaciones vinculadas con discapacidad, además de prestaciones relacionadas con nacimiento, adopción, matrimonio y ayuda escolar.

Si el proyecto fuera aprobado sin modificaciones, el Gobierno tendría mayor margen para determinar cuándo y cuánto aumentan estos beneficios, ya que la iniciativa no fija un parámetro específico que obligue a aplicar actualizaciones mensuales.

De esta manera, el Presupuesto 2027 no solo establece las previsiones generales de ingresos y gastos para el próximo ejercicio, sino que también incorpora cambios en mecanismos que afectan directamente a sectores vinculados con la educación, la investigación, la discapacidad y las políticas de asistencia social.