Este miércoles, organizaciones y colectivos vinculados a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad realizaron una manifestación frente al Congreso de la Nación para exigir el tratamiento del proyecto de ley que declara la Emergencia Nacional en Discapacidad.

El reclamo se origina en relación con de los recortes aplicados por el gobierno de Javier Milei en el área de salud, lo que ha generado una situación de vulneración de derechos y abandono para miles de personas con discapacidad. Según los convocantes, el proyecto busca establecer un piso mínimo de protección hasta el año 2027.

En la marcha participaron también prestadores de servicios de salud, quienes manifestaron la urgencia de avanzar en la declaración de la emergencia para garantizar la continuidad de prestaciones esenciales. La iniciativa debía tratarse este miércoles en un plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto, Discapacidad, y Acción Social y Salud de la Cámara de Diputados, pero el debate fue suspendido por el duelo nacional tras la muerte del papa Francisco.

El nuevo cronograma prevé que el proyecto sea discutido el miércoles 30 de abril, cuando las comisiones retomen su actividad con la intención de emitir dictamen.

Desde las organizaciones convocantes afirmaron: “Esta iniciativa surge como respuesta a la grave crisis estructural que atraviesan las personas con discapacidad y quienes garantizan su atención, una situación que se ha visto profundizada por el ajuste implementado por el actual gobierno”.

Karina Castagnola, representante de la organización civil Hablemos de Autismo Quilmes, sostuvo que la propuesta “plantea el financiamiento adecuado y sostenido” de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), cuyos programas “han sufrido un fuerte ajuste en todas las áreas: salud, accesibilidad, empleo y protección social”.

Fuentes cercanas al organismo señalaron que “la ANDIS debería garantizar los derechos y las políticas públicas para personas con discapacidad, pero no se hace porque no se quiere hacer”.

El reclamo se da en el marco de una auditoría nacional a beneficiarios del subsidio por discapacidad, que ha generado demoras y colapsos en los centros de atención. “Con salas abarrotadas y personal insuficiente, los tiempos de espera son excesivos y afectan a quienes ya viven en una situación de vulnerabilidad”, denunciaron.