La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) emitió una dura advertencia sobre la reforma a la Ley Nacional de Inteligencia N° 25.520 impulsada por el Poder Ejecutivo a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025. Según el organismo, la modificación representa una “grave afectación a los derechos civiles y políticos” y vulnera principios esenciales del sistema republicano y democrático.

En un informe elevado al Congreso de la Nación Argentina, la CPM sostuvo que el decreto fue dictado sin justificar la necesidad ni la urgencia y que, además, legisla sobre materia penal, algo expresamente prohibido por la Constitución Nacional. A su vez, denunció que la norma consolida el secretismo, la falta de publicidad de los actos de gobierno y el debilitamiento de los controles institucionales.

Uno de los puntos más alarmantes señalados por la Comisión es la creación de una estructura que funciona, en los hechos, como una “policía secreta”. El decreto habilita a agentes de inteligencia a privar de la libertad a personas sin orden judicial ni control alguno, durante el desarrollo de tareas de inteligencia. Para la CPM, esta facultad es manifiestamente inconstitucional y constituye un riesgo extremo para la libertad personal, especialmente para manifestantes, opositores políticos, periodistas y organizaciones de derechos humanos.

La reforma también fortalece de manera inédita a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), otorgándole mayores recursos y atribuciones sin mecanismos efectivos de rendición de cuentas. El decreto crea bajo su órbita una “Comunidad de Inteligencia Nacional” que integra a fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas y otros organismos estatales que históricamente no formaban parte del sistema de inteligencia, como el RENAPER o la Dirección Nacional de Migraciones. Según la CPM, esta estructura reedita lógicas propias de la inteligencia durante la última dictadura cívico-militar y diluye los límites entre defensa nacional y seguridad interior.

El organismo de derechos humanos advirtió además que la reforma consagra un régimen de opacidad absoluta: todas las actividades del sistema de inteligencia, incluidas las presupuestarias, quedan declaradas como secretas. Esto implica que la SIDE podrá administrar fondos sin control externo, profundizando un esquema cerrado y ajeno a la fiscalización democrática.

Otro aspecto crítico es la habilitación del espionaje político y a la prensa. Aunque la legislación anterior prohibía expresamente la intervención de los servicios de inteligencia en la vida política, social, sindical o mediática, el nuevo decreto introduce excepciones amplias y ambiguas bajo el concepto de “contrainteligencia”. Para la CPM, estas definiciones permiten considerar como amenazas a organizaciones sociales, partidos políticos, gremios, periodistas o defensores de derechos humanos que cuestionen al gobierno.

Asimismo, el decreto autoriza la adopción de “medidas pasivas” para evitar filtraciones o el conocimiento público de información gubernamental, lo que, según la Comisión, constituye un avance directo sobre la libertad de expresión y el derecho a la información, y anticipa un escenario de vigilancia sobre quienes investigan hechos de corrupción o violaciones a los derechos humanos.

El informe también cuestiona la posibilidad de tercerizar tareas de inteligencia en actores privados y la habilitación a las Fuerzas Armadas para producir inteligencia sobre “organizaciones no estatales” en tiempo de paz, en abierta contradicción con la Ley de Defensa Nacional y los consensos democráticos vigentes desde 1983.

Este avance del poder de inteligencia, señaló la CPM, se produce además en un contexto de ausencia de controles: la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia del Congreso no se encuentra conformada y la mayoría de las causas judiciales por inteligencia ilegal fueron archivadas sin responsables.

Por todo ello, la Comisión Provincial por la Memoria solicitó al Congreso el rechazo del DNU 941/2025 y la inmediata conformación de la Comisión Bicameral de Inteligencia, y reclamó al Poder Judicial que declare la inconstitucionalidad del decreto. “La regulación de las actividades de inteligencia debe ser el resultado de un debate parlamentario, público y democrático, y no de decisiones unilaterales incompatibles con el Estado de derecho”, concluyó el organismo.