La entidad que representa a las pymes respaldó los cambios en el derecho individual del trabajo, pero cuestionó cinco artículos que, según advirtió, afectan la seguridad jurídica y el equilibrio de la negociación colectiva.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) fijó una posición formal frente al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno y en debate en el Senado. Si bien avaló los cambios propuestos en materia de derecho individual del trabajo, expresó un fuerte rechazo a las modificaciones previstas en los convenios colectivos, al considerar que podrían abrir una etapa de mayor conflictividad e inseguridad jurídica.

En un documento presentado ante la Cámara alta, la entidad advirtió que cinco artículos del proyecto, comprendidos entre el 126 y el 132, desvirtúan el objetivo central de la reforma y generan un escenario de imprevisibilidad para el sector productivo. Por ese motivo, reclamó de manera “imperiosa” que esos puntos sean eliminados del texto final.

El cuestionamiento más severo recae sobre el artículo 126, que limita la ultraactividad de los convenios colectivos vencidos únicamente a sus cláusulas normativas y excluye las obligacionales, es decir, aquellas definidas libremente por las partes durante la negociación. Para la CAME, esta restricción entra en tensión con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y con los convenios internacionales de la OIT, además de abrir la puerta a conflictos que hoy se encuentran contenidos por la vigencia de los acuerdos.

Según planteó la entidad, esta modificación “desnaturaliza el convenio colectivo como instrumento integral, rompe el equilibrio entre las partes, debilita la autonomía de la negociación colectiva y genera mayor inseguridad jurídica y conflictividad laboral”.

Otro de los puntos sensibles es el artículo 128, que elimina los aportes obligatorios a las entidades empresarias, pero mantiene los destinados a las organizaciones sindicales. Desde la CAME señalaron que esta asimetría implica un trato “inequitativo y discriminatorio”, que pone en riesgo la representación empresaria a nivel nacional y altera el equilibrio entre los actores del sistema laboral.

Las objeciones también alcanzan a los artículos 130 y 131, que establecen la prevalencia de los convenios de empresa por sobre los de actividad. Según el análisis de la entidad, este esquema fragmentaría el marco normativo de cada sector, habilitaría diferencias salariales difíciles de justificar y afectaría el principio de igual remuneración por igual tarea.

El último foco de preocupación es el artículo 132, que faculta al Estado a suspender convenios colectivos invocando razones amplias, como “distorsiones económicas graves” o “interés general”. Para la CAME, se trata de una discrecionalidad excesiva que introduce un factor adicional de inestabilidad y erosiona la previsibilidad necesaria para que empresas y trabajadores planifiquen su actividad.

El documento, firmado por el presidente de la entidad, Ricardo Diab, y la secretaria general, Beatriz Tourn, sostiene que las observaciones buscan contribuir a una norma que garantice estabilidad, previsibilidad, equidad y menor litigiosidad, sin debilitar el sistema de negociación colectiva.

Las advertencias del sector pyme se suman a las presiones que rodean el debate parlamentario. Mientras la CGT intenta introducir cambios a través del diálogo con legisladores, los gobernadores expresan preocupación por el impacto fiscal del proyecto en un contexto de caída de la recaudación. El Gobierno, en tanto, prevé llevar la iniciativa de “Modernización Laboral” al recinto del Senado el próximo 11 de febrero.