El ministro de Desregulación de Javier Milei reveló que utiliza agentes de inteligencia artificial para analizar y proponer cambios en leyes, decretos y regulaciones. Según explicó, cuatro sistemas automatizados evalúan las modificaciones y, si coinciden, avanzan con una propuesta que luego debe validar un funcionario. El método genera interrogantes sobre los controles y la responsabilidad detrás de las decisiones del Gobierno.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, reveló que utiliza inteligencia artificial para acelerar las reformas normativas impulsadas por el gobierno de Javier Milei. Durante una entrevista, explicó que su equipo emplea sistemas automatizados para analizar miles de artículos, elaborar recomendaciones y definir propuestas de modificación de regulaciones vigentes.
La revelación generó cuestionamientos por el alcance que estas herramientas tienen en decisiones que pueden afectar derechos, controles estatales y políticas públicas.
Lejos de presentar el procedimiento como una medida excepcional, Sturzenegger celebró la utilización de inteligencia artificial como parte de la estrategia oficial para reducir regulaciones y transformar el funcionamiento del Estado.
CUATRO INTELIGENCIAS ARTIFICIALES QUE ANALIZAN Y VOTAN CAMBIOS
Durante una entrevista en el streaming Ahora Play, el funcionario detalló cómo funciona el sistema que utiliza su ministerio para revisar normativas.
Según explicó, una de las herramientas analiza individualmente los artículos de una regulación y elabora recomendaciones sobre posibles modificaciones.
Otra inteligencia artificial compara esas disposiciones con las normas vigentes en Estados Unidos y Europa, que el ministro toma como referencia para las reformas argentinas.
“Porque si encontramos algo que lo hacen ellos, queremos hacerlo acá también”, reconoció Sturzenegger al explicar el criterio utilizado.
El procedimiento continúa con una instancia en la que intervienen cuatro agentes de inteligencia artificial.
“Los cuatro agentes se juntaban y votaban. Si había unanimidad, se decidía cómo hacer esos cambios”, relató.
Recién después de esa evaluación automatizada aparece la intervención de los funcionarios.
“Lo que tiene que hacer el funcionario humano es chequear y hacer la validación”, señaló el ministro.
Aunque el mecanismo contempla una revisión humana, sus declaraciones abren interrogantes sobre cuánto peso tienen las recomendaciones de los sistemas automatizados en la elaboración de las decisiones oficiales.
MODIFICARON EN UN DÍA UNA NORMATIVA DE MILES DE ARTÍCULOS
Sturzenegger utilizó como ejemplo una reforma vinculada con la regulación sanitaria de productos de origen animal.
Se refirió a una normativa de aproximadamente 3.500 artículos, relacionada con el control de alimentos y las condiciones sanitarias de productos como carnes, huevos y otros derivados animales.
El ministro destacó que, gracias a la inteligencia artificial, pudieron realizar en pocas horas un trabajo que, según sus propias palabras, habría requerido meses de análisis.
“Hicimos en un día algo que nos hubiera llevado meses”, aseguró.
Para el funcionario, esa velocidad representa una ventaja de la tecnología aplicada a la administración pública.
Sin embargo, la rapidez con la que se revisan normas sanitarias complejas también plantea dudas sobre la profundidad de los análisis técnicos, especialmente cuando se trata de disposiciones destinadas a proteger la salud de la población.
La información difundida no permite determinar qué controles especializados se realizaron sobre cada modificación ni cuál fue el alcance definitivo de las recomendaciones automatizadas.
EL RIESGO DE DESREGULAR SIN CONTROLES SUFICIENTES
Las declaraciones del ministro adquieren especial relevancia por el papel que desempeña su cartera dentro del programa económico de Milei.
Desde el inicio de la gestión libertaria, Sturzenegger encabeza una política de eliminación y modificación de regulaciones, reorganización de organismos públicos y reducción de la intervención estatal.
Entre las áreas alcanzadas por esas reformas se encuentran actividades relacionadas con la producción, el comercio y los controles sanitarios.
Uno de los organismos que ha sido objeto de cambios es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), responsable de funciones fundamentales para garantizar la sanidad animal, vegetal y la inocuidad de los alimentos.
Trabajadores y especialistas del sector han cuestionado distintas medidas de desregulación por considerar que podrían debilitar las tareas de fiscalización.
En ese contexto, la utilización de inteligencia artificial para analizar y proponer cambios normativos vuelve a poner en discusión la necesidad de garantizar evaluaciones técnicas rigurosas antes de modificar disposiciones que afectan a millones de personas.
EL GOBIERNO CELEBRÓ EL MÉTODO DE STURZENEGGER
Después de la entrevista, el propio Ministerio de Desregulación difundió las declaraciones de su titular y destacó el uso de herramientas tecnológicas para simplificar regulaciones.
“Federico Sturzenegger explicó cómo el Gobierno utiliza la IA para analizar y simplificar regulaciones”, señaló la publicación oficial.
El ministro también resumió su entusiasmo con una frase: “Así que la IA nos está cambiando todo”.
La utilización de inteligencia artificial en la administración pública puede facilitar el procesamiento de información y mejorar determinadas tareas. Sin embargo, su aplicación en la elaboración de normas exige mecanismos claros de supervisión, transparencia y responsabilidad institucional.
El problema no es únicamente que el Gobierno utilice inteligencia artificial, sino qué controles existen sobre las propuestas que produce y quién responde por sus consecuencias.
En medio del ajuste estatal y de las reformas impulsadas por Milei, las declaraciones de Sturzenegger dejan una pregunta central: ¿hasta qué punto las decisiones que modifican derechos, controles y regulaciones están siendo evaluadas por especialistas antes de convertirse en políticas públicas?
