El Gobierno nacional dispuso aumentos de entre el 29,7% y el 35,4% para los prestadores en discapacidad, que se aplicarán en tres etapas. La medida fue oficializada mediante la Resolución Conjunta 2/2025 del Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), firmada por Mario Lugones y Alejandro Vilches.

Desde el Foro Permanente Discapacidad (FPD) consideraron que la suba es “claramente insuficiente” frente a la inflación acumulada, los costos de funcionamiento y la crisis que atraviesan los prestadores en todo el país. Además, remarcaron que el Gobierno continúa sin cumplir la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso a comienzos de septiembre tras revertirse el veto presidencial.

En un comunicado, el FPD sostuvo que “no hay una política de acompañamiento real” hacia los trabajadores y prestadores del sector, y que las demoras en los pagos junto con el congelamiento de aranceles “ponen en riesgo la continuidad de los servicios esenciales para las personas con discapacidad”.

La Ley de Emergencia, aún sin aplicación efectiva, busca garantizar el financiamiento y la sostenibilidad del sistema, además de establecer mecanismos de actualización automática según la inflación. Desde el Foro insistieron en la necesidad de “una mesa de diálogo urgente” para evitar el colapso del sector.