El Gobierno de Javier Milei avanzó con la decisión de instalar un alambrado fronterizo de 200 metros entre Salta y Bolivia como parte del Plan Güemes. La medida, que incluye alambre de púas y estructuras similares a un cerco olímpico, busca reforzar el control migratorio y la seguridad en una de las fronteras más transitadas del país, pero ya genera tensiones a nivel local e internacional.

Desde Bolivia, el Gobierno de Luis Arce expresó su “preocupación” por la falta de diálogo y advirtió que esta decisión unilateral podría dañar la buena convivencia entre los dos países. La Cancillería boliviana reclamó que los temas fronterizos deben ser tratados mediante mecanismos de diálogo, mientras que anunciaron que solicitarán información oficial antes de tomar nuevas acciones.

La medida, impulsada por la Dirección Nacional de Control de Fronteras, fue criticada por su unilateralidad y la ausencia de estrategias coordinadas con Bolivia, una zona donde transitan más de 15.000 personas diariamente sin pasar por oficinas de control. Además, sectores locales y organismos de derechos humanos cuestionaron el enfoque “punitivo” de la administración Milei, señalando que este tipo de iniciativas profundiza las tensiones en lugar de resolver los problemas estructurales de la frontera.

En tanto, figuras afines al oficialismo, como el legislador Ramiro Marra, respaldaron la iniciativa y pidieron que se extienda la construcción del cerco fronterizo. Sin embargo, esta decisión refuerza la imagen de un gobierno que, en lugar de apostar por el diálogo regional, prioriza medidas aisladas que terminan generando divisiones y problemas internacionales.