El Gobierno nacional someterá a evaluación a 40.000 empleados de la planta transitoria y contratados, cuya relación laboral expira el 31 de diciembre. Esta medida, calificada como una revisión profunda, busca analizar los vínculos antes de decidir la renovación de los contratos y avanzar con «la motosierra».

Los trabajadores deberán rendir un examen obligatorio, aunque no vinculante, que incluirá entre 20 y 24 preguntas de opción múltiple sobre lógica, matemática y conocimientos generales sobre la administración pública. El test, con una duración de una hora, será presencial y se llevará a cabo en las oficinas del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Cada persona tendrá tres intentos para superar la evaluación.

Sin embargo, esta instancia no será requisito para todos: quedarán exceptuados los empleados de planta permanente, quienes residan fuera del AMBA y las personas con certificado de discapacidad.

Aunque el Gobierno sostiene que esta medida busca garantizar «mayor transparencia y eficiencia en la administración pública», genera inquietud entre los trabajadores afectados, quienes temen perder su empleo en un contexto económico ya desafiante y -para colmo- en plenas festividades.