Organizaciones ambientalistas responsabilizan al Estado nacional por la magnitud de los incendios forestales, denuncian recortes en el manejo del fuego y advierten sobre una respuesta tardía y sin cambios estructurales ante la crisis climática.

Los incendios forestales que afectan a la Patagonia argentina desde fines de 2024 no solo dejaron miles de hectáreas arrasadas, sino que también reavivaron el debate sobre la responsabilidad del Estado frente a una emergencia ambiental cada vez más grave. En ese marco, un informe elaborado por organizaciones ambientalistas apunta directamente al presidente Javier Milei por la falta de políticas de prevención y el desfinanciamiento de áreas clave.

El documento, titulado “La inacción climática estatal vuelve a empeorar los incendios en la Patagonia”, sostiene que los megaincendios no pueden explicarse únicamente por causas naturales, sino que son consecuencia de decisiones humanas estructurales y de una respuesta estatal deficiente frente al avance de la crisis climática.

Entre las organizaciones firmantes se encuentran la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Observatorio Petrolero Sur (OPSur) y Greenpeace Argentina, que advierten que la superficie de bosque afectada se cuadruplicó entre octubre de 2024 y marzo de 2025 en comparación con el mismo período del año anterior. Según el informe, de mantenerse las tendencias actuales, el impacto podría agravarse aún más en las próximas décadas.

Uno de los ejes centrales del informe es el desfinanciamiento del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF). Las organizaciones denuncian que durante 2024 se ejecutó menos de una cuarta parte del presupuesto asignado, a pesar de tratarse de uno de los años con mayor cantidad de focos ígneos. Además, para 2026 se proyecta una caída real cercana al 80% en comparación con el presupuesto de 2025.

El texto también alerta sobre una reducción de las capacidades operativas, como la disminución de horas de vuelo de aviones y helicópteros destinados al combate del fuego y la caída en la elaboración de informes técnicos fundamentales para la detección temprana de incendios. A esto se suma, según el documento, la ausencia de políticas preventivas sostenidas, como la regulación de plantaciones de especies exóticas altamente inflamables, la planificación territorial y campañas de educación ambiental.

En medio de las críticas, el presidente Javier Milei realizó su primer pronunciamiento público sobre la situación al replicar un comunicado oficial que detalla el despliegue de recursos para combatir los incendios. El mensaje llegó luego de varios días de silencio institucional y cuando las condiciones climáticas ofrecían una mejora temporal.

Si bien el comunicado oficial destaca que 22 de los 32 incendios registrados fueron extinguidos y enumera la intervención de distintos organismos nacionales, fuerzas de seguridad y aportes privados, las organizaciones cuestionan que la respuesta siga siendo reactiva y no contemple cambios estructurales para evitar futuras catástrofes.

Finalmente, el informe enmarca los incendios en el contexto de la crisis climática global, marcada por sequías prolongadas, olas de calor y vientos intensos que favorecen la propagación del fuego. En ese sentido, advierte que sin políticas públicas integrales que aborden la prevención, la planificación territorial y la mitigación climática, Argentina continuará enfrentando los incendios como emergencias aisladas, en lugar de atacar las causas profundas que los vuelven cada vez más frecuentes y destructivos.