Una investigación periodística sacó a la luz un acuerdo confidencial que el presidente Javier Milei habría firmado con el empresario estadounidense Hayden Mark Davis, señalado como el creador del token $LIBRA. El documento, de apenas dos carillas, confirmaría que Davis fue nombrado asesor ad honorem del Gobierno argentino en materia de criptomonedas y tecnologías blockchain.

La primicia fue publicada por el periodista Mariano Vidal en el diario Clarín, que aseguró haber accedido al texto del convenio, hasta ahora desconocido públicamente. Según la investigación, el acuerdo está redactado desde la perspectiva de Davis y establece un marco general de asesoramiento vinculado a la modernización tecnológica del Estado, con un fuerte énfasis en la confidencialidad.

Uno de los fragmentos más llamativos del documento señala el compromiso del empresario de “mantener en secreto la información expuesta, salvo autorización legal o instrucción expresa de la autoridad competente”. Esta cláusula refuerza el carácter reservado del vínculo y alimenta las sospechas en torno a la relación entre el mandatario y el impulsor del polémico criptoactivo.

Aunque el texto no menciona de forma explícita al token $LIBRA ni al proyecto “Viva la Libertad Project”, sí fija lineamientos amplios de trabajo. Entre ellos se destacan la automatización de procesos administrativos mediante contratos inteligentes, la digitalización de documentos públicos a través de blockchain, el impulso a ecosistemas de innovación digital vinculados a startups tecnológicas y programas de capacitación para funcionarios en blockchain e inteligencia artificial.

El contenido del acuerdo abrió interrogantes inmediatos: ¿hasta qué punto el Gobierno estaba dispuesto a delegar información sensible en un empresario con escasa trayectoria reconocida en el ecosistema cripto local? A nivel internacional, Davis era conocido principalmente por su participación en memecoins altamente volátiles, un tipo de activo asociado a fuertes riesgos financieros.

La revelación cobra mayor relevancia al observar la secuencia de hechos que rodearon la firma del convenio. El 30 de enero, fecha en la que se habría rubricado el acuerdo, Davis ingresó a la Casa Rosada junto a Mauricio Novelli, uno de los imputados en la causa judicial por presunta estafa vinculada a $LIBRA y señalado como nexo entre el empresario estadounidense y el presidente.

Ese mismo día, según la investigación, se detectaron transferencias por alrededor de medio millón de dólares digitales que luego habrían sido canalizadas a través de billeteras cripto capaces de convertir esos fondos en dólares físicos. Dos semanas más tarde, Milei difundió en su cuenta de X el contrato para adquirir $LIBRA, gesto que terminó siendo clave en el derrumbe del token y en las pérdidas millonarias sufridas por inversores.

Tras el colapso del criptoactivo, el sitio especializado CoinDesk publicó un mensaje atribuido a Davis en el que aseguraba tener influencia directa sobre Milei, profundizando el escándalo.

A pesar de la abundante información pública, aún persisten interrogantes centrales. Uno de ellos es quién facilitó al Presidente el código para comprar $LIBRA que difundió el 14 de febrero. La Justicia ordenó peritajes sobre dispositivos secuestrados a Novelli y a Sergio Morales, ex asesor de la Comisión Nacional de Valores, en busca de mensajes que permitan reconstruir la trama completa.

La causa está en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi y del fiscal Eduardo Taiano, aunque hasta el momento el acuerdo revelado por Clarín no forma parte formal del expediente. Desde las querellas anticiparon que intentarán incorporar el documento como prueba clave.

En el plano político, el diputado Maximiliano Ferraro, presidente de la comisión investigadora del caso $LIBRA en el Congreso, sostuvo que la información conocida “es más que suficiente para que la Justicia investigue en serio” el rol de los funcionarios involucrados.

La aparición de este acuerdo confidencial suma una pieza central a un rompecabezas que sigue ampliándose y que mantiene en jaque al Gobierno, tanto en el ámbito judicial como en el político.